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Elsa Cardozo

En emergencia

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En medio de nuestra emergencia, parece oportuno refrescar al oficialismo el contraste entre su actitud y la del resto del vecindario, especialmente la de los más cercanos socios de la cada vez más borrosa Alianza Bolivariana.

Nicaragua, con expectativa de crecimiento en torno a 4,5% para este año, sigue siendo uno de los países más pobres de la región, pero el largo mandato reciente de Daniel Ortega –muy favorecido por asistencia venezolana imposible de cuantificar y acompañada por graves denuncias de corrupción– ha abierto opciones a la economía en los más diversos acuerdos económicos, desde el mismo Petrocaribe hasta el tratado de libre comercio de Centroamérica con Estados Unidos y el de asociación de los países del istmo con la Unión Europea. También ha procurado y mantenido apoyo del Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Al crecimiento de la economía, favorecido por el ciclo de altos precios de las materias primas, también han contribuido el turismo, actividades manufactureras y de provisión de servicios, y proyectos de infraestructura. A favor de la atracción de inversiones han estado las políticas de reducción de la inseguridad y la inflación.

Son similares los prospectos de crecimiento de Bolivia. Con una inercia cercana a 5% anual en los últimos diez años, el gobierno de Evo Morales –también beneficiario de inescrutable asistencia venezolana– gerenció la economía boliviana con disciplina macroeconómica, sin temor a las revisiones del FMI ni a la búsqueda de oportunidades internacionales de inversión y mercados. Un buen colchón de reservas de divisas y un nivel de endeudamiento manejable no han estado reñidos con el incremento en el ingreso per cápita ni con la mejora de servicios de salud, agua potable, electricidad e infraestructura de transporte. Mientras tanto, aumentó la capacidad de exportación de petróleo y gas natural. Estos logros no impiden que la economía boliviana sufra el impacto de la baja en los precios del petróleo, pero le proveen de razonable margen de maniobra y alternativas.

En Ecuador, la reciente reforma constitucional que permite la reelección indefinida fue promovida por el propio Rafael Correa, quien incorporó una cláusula que le impide beneficiarse de esa posibilidad. Esto ocurre en circunstancias económicas que se perfilan muy complicadas, pues el gobierno de la “Revolución Ciudadana” fue muy mal administrador de la bonanza que, si bien en escala mucho menor que la venezolana, se tradujo en crecimiento e ineficiencia del gasto público, inflación y desaliento a la iniciativa e inversión privada. Hay en Ecuador, con todo, señales de cordura. No solo en la evidencia de obras públicas y de infraestructura de importancia, sino en medidas como la sinceración del presupuesto para este año y la apertura de las estadísticas económicas al FMI que el propio gobierno propició, en aras de lograr confianza y reducir el riesgo país que tan costoso hace el financiamiento externo que se requiere. Con miras al giro de fondo que urge, parece muy conveniente para Ecuador que Correa se tome el largo receso en Bélgica que él mismo ha prometido y a él conviene.

Hasta en Cuba –la gran beneficiaria de incuantificable asistencia venezolana– el limitado plan de “actualización del modelo” va acompañado por la ineludible necesidad de conseguir créditos, buscar inversionistas y disminuir la crónica dependencia de las importaciones, que en circunstancias de escasez de divisas se traduce en mayores racionamientos y deterioro de servicios. A ese propósito sirven la reciente renegociación de deuda con el Club de París que baja la presión financiera sobre la isla, la continuación de las conversaciones con la Unión Europea para alcanzar un acuerdo de diálogo político, mientras que el acercamiento a Estados Unidos es pieza clave –entre otras muchas cosas– para la inmediata reactivación del turismo y los proyectos con empresas extranjeras en la zona de desarrollo del Puerto de Mariel.

En suma, mientras aquí se pretende atender la emergencia con más de lo mismo, los gobiernos que usaron y abusaron de recursos apoyos que acabamos pagando todos los venezolanos, han capitalizado ventajas económicas y se van saliendo del molde. La verdad es que esto ocurre en medio de crecientes exigencias sociales cada vez más difíciles de atender, ignorar o sofocar, aun por regímenes dispuestos a dejar de lado lo esencial del Estado de Derecho y la democracia. Venezuela, en ese cuadro, tiene hoy la urgencia de impulsar la recuperación de institucionalidad y prosperidad desde una situación económica muy precaria, pero con la voluntad mayoritaria que ha dado su apoyo al Poder Legislativo para que la represente al deliberar, investigar, controlar y legislar. No es por eso casual que nuestro caso siga siendo objeto de curiosidad, atención y preocupación para quienes ven lo complejo y lo prometedor en nuestra emergencia.