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Plinio Apuleyo Mendoza

¿Un ejército de rodillas?

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Recientemente se cumplieron los dos primeros años de los diálogos en La Habana entre las FARC y el Gobierno. La prensa reconoce que en esta larga búsqueda de una paz sostenible hace falta generar confianza en la ciudadanía. Supongo que para ello se ha lanzado a los cuatros vientos el máximo emblema de “Soy capaz”. ¿Capaz de qué?, nos preguntamos muchos. ¿De aceptar lo inaceptable? De pronto.

No, no se trata, como lo asegura la propaganda oficial, de elegir entre la paz y la guerra, sino de ver las atrevidas implicaciones que supone cada acuerdo. El otro día, escuchando a Fernando Londoño en La hora de la verdad, me sorprendió su análisis de las once nuevas instituciones convenidas con las FARC y dadas a conocer recientemente. Los rótulos que llevan parecen inofensivos: un consejo para la reconciliación y la convivencia, veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, consejos territoriales, un sistema especial de alertas tempranas y otras más de similar perfil. Londoño nos muestra cómo terminan dibujando un nuevo orden institucional que va a darles a las FARC un real poder a lo largo y ancho del país.

A estas conquistas se suma la más grande que han logrado. Tiene que ver con la guerra jurídica encaminada a poner de rodillas a nuestras Fuerzas Armadas. Pero el primer gran golpe dado contra ellas no lo dieron las FARC sino –quién iba a pensarlo– el acuerdo suscrito por el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, y el fiscal Mario Iguarán, acuerdo que puso fin al fuero militar. Se buscaba con ello dar en el exterior una imagen de transparencia, teniendo en cuenta la mala reputación difundida por conocidas ONG sobre la justicia militar en nuestros países.

Nunca nadie llegó a imaginar que los duros golpes dados a la guerrilla bajo el gobierno de Uribe iban a provocar que las FARC pusieran en marcha con inquietante éxito su guerra jurídica.

Dentro de este nuevo escenario, la Ley de Justicia y Paz, que concedía beneficios y penas alternativas a guerrilleros y “paras” a condición de que confesaran sus delitos y denunciaran a sus cómplices, iba a convertirse en la mejor arma para criminalizar al Ejército. En efecto, por causa de los falsos testigos buscados y pagados por agentes de la subversión, los mejores y más exitosos militares en la lucha contra la guerrilla fueron objeto de amañados procesos y abrumadoras condenas.

Como bien lo escribe el coronel Hernán Mejía Gutiérrez, la imposición desproporcionada de prisión con penas de 40 o 60 años por operaciones militares, ignorando las pruebas y la doctrina de guerra, sumada al abandono institucional para su defensa, han minado definitivamente el espíritu y la moral de las tropas.

Hoy día, muchos colombianos desconocen una pavorosa realidad: más de 15.000 militares permanecen detenidos en centros de reclusión por obra de una Fiscalía parcializada que anula para ellos la presunción de inocencia y termina convirtiendo operaciones de guerra, que en cualquier parte del mundo son del resorte exclusivo de la justicia penal militar, en conductas violatorias del derecho internacional humanitario.

Por cierto, las altas penas que se han impuesto a oficiales como Uscátegui, Del Río, Arias Cabrales, Plazas Vega, Mejía Gutiérrez y muchos otros más tienen como propósito ponerlas en pie de igualdad con las que se han dictado contra los comandantes guerrilleros, a fin de que en un proceso de justicia transicional militares y terroristas sean vistos como responsables de las mismas culpas y obtengan iguales beneficios.

¿De qué puede servirnos tener un ejército de rodillas cuando concluyan estos azarosos y secretos diálogos de La Habana, cuyo real desenlace desconocemos?