• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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El supuesto magnicidio

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Hace cinco meses, la cúpula del oficialismo sorprendió a la ciudadanía con una escandalosa información: existe un plan para asesinar al presidente Maduro, en el cual están comprometidas varias figuras importantes de la oposición. El elenco más elevado del gobierno se presentó ante las cámaras y rodeó a alcalde Jorge Rodríguez, quien se encargó del anuncio y también de pronosticar la inminencia de un proceso a través del cual se pondría de manifiesto uno de los designios más tenebrosos de los últimos tiempos.

Pero hubo silencio sepulcral en adelante. Lo que prometía una fulminante lluvia de evidencias sobre un delito espantoso, se volvió sal y agua. El supuesto plan de magnicidio pasó poco a poco a los rincones de los noticieros, debido a que los promotores del anuncio cambiaron la alarma por mudez. Como era como el centésimo descubrimiento de un intento de asesinar al primer magistrado, más o menos, o la centésima advertencia de su probable ejecución, todo se desinfló en cuestión de una semana sin que la gente se preocupara por el seguimiento del caso. Era lo que la costumbre mandaba.

Aunque no faltó un elemento contundente, que llevó el caso a los apartamentos de la indiferencia y la incredulidad. Uno de los acusados por el gobierno, Pedro Mario Burelli, demostró que se trataba de una fabricación cuyo origen se encontraba en la manipulación de correos electrónicos que no habían redactado sus remitentes, o cuyo contenido había tergiversado la mano larga del oficialismo. Con testimonios irrebatibles que ventiló ante la vista del público, demostró la existencia de una acusación sin asidero, la puesta en marcha de afirmaciones calumniosas que desmentía sin vacilación con la exhibición de pruebas palmarias. Desde entonces reinó el silencio en la casa de los acusadores, no en balde se probaba la falsedad y la desvergüenza de su denuncia.

Hoy el insólito caso vuelve a primer plano. Se ha actualizado debido a la acusación que se ha hecho a la ciudadana María Corina Machado como imputada en el pregonado intento de asesinar al presidente Maduro. Después de un mutismo casi semestral, los acusadores la quieren comprometer en un delito sustentado de manera tan precaria.

Mientras se reduce de forma arrolladora el número de los incrédulos que ha creado la temeraria acusación, resucita un proceso digno del cementerio de las causas absurdas. Sin que se hayan acumulado nuevas evidencias en torno a un suceso parecido a una infantil invención, imputan a una ciudadana que respondió con su presencia un primer llamado de la justicia y ha permanecido en la palestra sin ocultamiento haciendo su trabajo de activismo político, ante la vista del gobierno y del país entero. Como no la debo no la temo, ha dicho la ciudadana Machado en reiteradas declaraciones.

Es evidente que no se trata de hacer justicia, debido a que nadie puede ser encausado por una invención malintencionada y macabra de los dirigentes del PSUV, sino de perseguir a una ciudadana que se ha tomado en serio su trabajo.