• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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La represión judicial

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El gobierno bolivariano sigue jugando peligrosamente y sin el menor recato al terrorismo judicial, en un intento de dar muestra pública de su poder ilimitado. Son esos momentos históricos en que la aplicación de ley, para desgracia ciudadana, deja al descubierto no la fortaleza de un sistema, sino su profunda debilidad y cobardía ante las legítimas exigencias de una sociedad ansiosa de que impere, como es debido, la Constitución Nacional.

En su mayoría los venezolanos no conocen a sus jueces. Con honrosas excepciones recuerdan la actuación de algunos magistrados respetuosos de la responsabilidad que la república puso en sus manos. Dejaron una deslumbrante presencia tanto en la enseñanza como en la jurisprudencia de este país.

Hoy han surgido casos en extremo deleznables de magistrados bolivarianos que han terminado sus carreras huyendo del país a medianoche como vulgares delincuentes.

Basta preguntarse quién es y cuál es la trayectoria profesional, universitaria o gremial, o cuán profunda y abundante es su contribución en libros y ponencias publicadas de la honorable juez 16 de Control, Adriana López. No lo sabemos pero imaginamos que debe tener un cierto peso y una trayectoria brillante en la universidad. En esto la prensa ha fallado porque es necesario conocer a quien tiene y ha tenido una responsabilidad tan grande.

Esto no es nada nuevo. En Italia surgió un movimiento de jueces (Mani Pulite) que movió los cimientos del mundo judicial y político. En España el juez Garzón fue capaz de meterle las vacas en el corral al dictador Pinochet. Hoy en Venezuela la justicia la ejerce un ejército de sombras.

A la juez López le ha tocado un caso que no es fácil: el pase a juicio del líder político Leopoldo López, y de los estudiantes Marco Coello y Chistrian Holdack, quienes tendrán que continuar en prisión esperando el juicio, lo que viola los principios básicos del Código Orgánico Procesal Penal, como es la afirmación de libertad y la presunción de inocencia. Es muy raro que un juez se resbale de esa manera y olvide el COPP.

Pero lo cosa va para largo: ahora ya han sido citados para declarar en la Fiscalía General, en calidad de testigos, por ahora, María Corina Machado, Diego Arria, Henrique Salas Romer, Gustavo Tarre Briceño, Robert Alonso Bustillos, Pedro Burelli y Ricardo Koesling por el rocambolesco plan magnicida. Lo insólito es que la justicia investigue un hecho que no ha ocurrido y no mueva un dedo por los 44 muertos causados por los disturbios ocurridos en el país.

Desde el lunes todos estos personajes de la vida pública nacional comenzarán a rendir declaraciones ante la fiscal 20°, Katherine Harrington Padrón, que la recordamos por sus actuaciones contra Ana María San Miguel, cuñada de Rocío San Miguel. Nuevamente el gobierno arremete contra los líderes políticos que se oponen a su forma de pensar e intentan amedrentarlos con citaciones y acusaciones absurdas.

No es de extrañar que aun y cuando la citación a estos personajes solo es como testigos, termine en el encarcelamiento de estos ciudadanos pues la justicia venezolana hace con las leyes y la Constitución lo que le da la gana, la majestad que en su época tuvo el Poder Judicial se perdió con esta revolución.

Podemos estar ante el inicio del encarcelamiento y la persecución de todo el que piense diferente, llámense políticos, estudiantes, defensores de derechos humanos y de todo el que se atreva a dar una opinión sobre el caos bolivariano.

No podemos perder de vista a estos siete ciudadanos que el lunes tendrán que asistir a la Fiscalía a declarar sobre el supuesto plan de magnicidio. No sería extraño que de testigos pasen a imputados y terminen en Ramo Verde. O Ramo Rojo.