• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Una represión excepcional

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Desde mes de agosto, fecha en que iniciaron los conflictos con Colombia, inicialmente en la frontera con Táchira, el gobierno amparándose en el artículo 337 de la Constitución decretó el estado de excepción en varias circunscripciones del país que limitan con la “presunta” hermana república.

En la actualidad esta declaratoria de estado de excepción se ha diseminado a lo largo de toda la frontera que tenemos con Colombia, y abarca los estados Táchira, Zulia, Apure y Amazonas. El gobierno de Maduro, obedeciendo razones que no terminan de convencer a nadie, ha privado autoritariamente de sus derechos fundamentales a centenares de habitantes que trabajan la tierra, comercian legalmente sus productos y pueblan zonas que no son propiamente unos paraísos terrenales.

Basta con recordar que en Caracas hay que peregrinar de madrugada en los mercados para, a duras penas, abastecerse de unos pocos alimentos y luego desfilar por decenas farmacias para conseguir unos medicamentos que son de fácil obtención en cualquier otro país de la región. Si eso ocurre aquí en la capital, ¿cómo será la tragedia que viven los habitantes de las zonas fronterizas?

Y, para peor, Maduro los criminaliza a todos tachándolos de bachaqueros sin mostrar pruebas fehacientes, y sin pensar un minuto que allí también habitan desde hace muchos años gente honesta y trabajadora, que nada tiene que ver con el hampa fronteriza.

Sin pretender profundizar sobre la conveniencia o no de este estado de excepción, es importante que se aclare que, aunque pueden ser restringidas temporalmente algunas garantías que tienen los ciudadanos de las zonas afectadas, la Constitución establece que nunca se podrán suspender “las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”.

Es claro que el estado de excepción debe apegarse al respeto de los derechos humanos de los ciudadanos y que las fuerzas armadas tienen la responsabilidad de garantizar esos derechos en los municipios bajo estado de excepción.

Lamentablemente, esto no está sucediendo y cada día aumentan las denuncias de los habitantes de los municipios por los abusos, atropellos y constantes violaciones a sus derechos, precisamente por los funcionarios encargados de garantizarlos.

La población de esos municipios no cuenta con ningún tipo de protección, pues quien debería ocuparse de ello, como es el defensor del pueblo, anda más ocupado de su pantallerismo ante los medios, por lo que solo declara pero nada resuelve. Los venezolanos seguimos sin contar con una verdadera defensoría del pueblo que se encargue de defender al ciudadano y no al gobierno.

Mientras tanto, los organismos internacionales siguen elaborando informes sobre los atropellos y violaciones de derechos humanos en la frontera. Las violaciones de los derechos humanos no prescriben y más temprano que tarde los responsables de estos abominables hechos serán juzgados.