• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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El poder de los colectivos

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La represión de las manifestaciones que conmovieron al país a partir de febrero evidenció la existencia de fuerzas paramilitares con capacidad para actuar de manera contundente frente a quienes protestaban contra el gobierno.

Se sabía de su existencia, por supuesto, no en balde se habían creado con la anuencia entusiasta del presidente Chávez; pero se manifestaban de manera esporádica. Solo en ocasiones mostraban sus armas y sus bagajes, como para que se supiera de la existencia de una reserva dispuesta a luchar por el oficialismo.

Con el ataque de los actos de calle promovidos por los estudiantes cuando terminaba el primer trimestre de 2014, los colectivos se deshicieron del selecto programa de presentaciones. Se volvieron presencia masiva y ubicua. Resolvieron exhibirse sin disimulo en todas partes y causar pánico cuando fuera necesario.

La sociedad se dio cuenta de que estaban en cualquier lugar y que no se contentaban con amenazar a los jóvenes de la oposición, sino que también los atacaban con balas y, si era necesario, tiraban a matar.

La demostración no solo conmovió a la sociedad por su contundencia, sino también por la evidente relación con las fuerzas policiales y con los jefes del gobierno. Formaban parte de su compañía, o los jefes permitían que actuaran con total impunidad a la vista del público.

¿Cuántos de los miembros de esos colectivos han sido encausados por los delitos que cometieron desde febrero contra los manifestantes? ¿Recibieron los reproches o la persecución del oficialismo por una conducta delictiva, que causaba terrible perjuicio a la ciudadanía? La pasividad o la indiferencia del Ejecutivo frente a la acción de esas fuerzas incontenibles ofrece respuestas, no solo capaces de señalar la existencia de una complicidad sino también el poder que ha adquirido lo que al principio se diseñó para apoyar al gobierno revolucionario.

Sobre la magnitud del poder de los colectivos tenemos ahora evidencias sorprendentes. La posesión de armamento, sobre cuyo uso se dispone desde poderes autónomos que toman decisiones sin el conocimiento de los cuerpos regulares de vigilancia del orden público, los ha convertido en una autoridad capaz de manejarse a su antojo y de rivalizar con la cúpula roja-rojita, aun frente al poder del presidente y de los altos mandos civiles y militares. El crecimiento del poder de esos grupos provocó serias reflexiones en el liderazgo del régimen y la necesidad de tomar medidas capaces de reducir su influencia.

Si la salida del ministro Rodríguez Torres se debe a la presión de los colectivos estamos ante una crisis de autoridad, pero también ante la multiplicación de situaciones de inseguridad masiva y de temor generalizado cuyo pronóstico es de ineludible alarma. Como para encerrarse  a rezar, sin la posibilidad de ser escuchados por el santo de confianza. A rezar el alto gobierno y los ciudadanos comunes y corrientes, claro está, porque todos dependemos ahora o podemos depender de una decisión de los colectivos.