• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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La paz de Colombia entre Oslo y La Habana

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El diálogo entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, dado a conocer sorpresivamente a finales de agosto, ha entrado en su segunda fase. Diferente de los intentos anteriores en muchos aspectos, este nuevo encuentro en la mesa de negociación es una iniciativa de tanta complejidad como potenciales beneficios tiene para Colombia y sus vecinos.

El anuncio fue hecho desde Oslo y, en lo inmediato, las conversaciones se desarrollarán en La Habana. Cuba y Noruega, los dos países garantes, entre la cercanía del conflicto y el sano distanciamiento para mirar su salida en perspectiva humana, en clave de justicia y prosperidad. Así se desarrollará lo sustancial de las conversaciones en un lapso de tiempo disponible de poco más de un año.

Por más que se presenten como víctimas de la violencia del Estado, aunque evadan su responsabilidad como autores de crímenes atroces, por mucho que pretendan ocultar los efectos de su dispersión geográfica y de mandos, las FARC llegan doblemente debilitadas a este diálogo. Han sido duramente golpeadas militarmente y, tanto o más importante, sus acciones terroristas, su asociación al narcotráfico y otras prácticas ilícitas e inhumanas que incluyen el reclutamiento de menores, les han ganado cada vez más rechazos dentro y fuera de Colombia. Las dos elecciones ganadas por Álvaro Uribe y las que dieron el triunfo a quien fuera su ministro de Defensa así lo confirman.

El gobierno de Santos cuenta con el apoyo mayoritario de los colombianos en esta iniciativa. La ha ido armando en su país y el exterior propiciando y aprovechando un momento político y estratégico cuyo tiempo está claramente acotado. En esto último calza su empeño para la recomposición de las relaciones con el Gobierno de Venezuela y la invitación para hacerlo acompañante de las negociaciones. El caso es que, habiendo mejorado la imagen y proyección internacional de Colombia, Santos ha ganado terreno político internacional con el que no contaba el gobierno de Uribe.

Con todo, el desafío no es de poca monta para el Estado colombiano. Así lo revelan las condiciones del diálogo, la selección de sus participantes, su agenda y el orden para atenderla. Es un denso tejido de procedimientos y estrategias que deja ver los aprendizajes de procesos de paz del pasado y lo particular de la circunstancia presente.

El Estado seguirá ejerciendo sus funciones de seguridad mientras que el cese de hostilidades, desmovilización y temas políticos no están entre los primeros puntos de la agenda. Se ha convenido comenzar por el de las políticas agrarias y luego, acuerdo mediante, pudieran seguir los asuntos relativos a las víctimas de la violencia y el negocio de las drogas ilícitas.

La guerrilla presiona por la pronta consideración del cese de hostilidades y la reinserción política, pero para llegar allí tendrían que ofrecer evidencias de franca disposición de paz, de cumplimiento de los procedimientos y compromisos que se vayan logrando. Así sea.