• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Un niño secuestrado

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El aumento y amplificación de la acción delictiva constituyen uno de los capítulos del crecimiento exponencial de la violencia que vivimos en Venezuela. La violencia se ha expandido de tal manera en nuestras vidas, que posiblemente ya no sea descabellado pensar que se ha constituido en uno de los ejes vertebradores en nuestra sociedad. Hay un impulso destructivo que está presente en todos los planos de la vida cotidiana. Se ejerce la violencia dentro y fuera de los hogares. Cada mañana, antes de salir a la calle, millones de personas en Venezuela piensan en cómo preservar sus vidas y en las precauciones que deben adoptar para evitar que la violencia los alcance.

Pero presentar a Venezuela como un país de víctimas, de alguna manera, sería falsear la comprensión profunda que reclama el fenómeno. Nadie duda de que somos víctimas: esto está fuera de discusión. Lo que toca afrontar y debatir, de aquí en adelante, es en qué medida también somos victimarios. Corresponde estimular en la opinión pública la consideración de si la inmensa mayoría de los venezolanos, bajo distintos mecanismos, no estamos contribuyendo al establecimiento de la violencia como moneda de uso corriente entre nosotros.

Basta mirar a nuestro alrededor: ciudades de paredes pintarrejeadas de imágenes y palabras efímeras sin mayor sentido; el espacio público convertido en el lugar al que van a caer todos los desechos, desde envases vacíos a colchones podridos; motorizados que circulan violando no sólo las leyes de tránsito sino también las del sentido común; bienes destinados al uso colectivo que alcanzan a prestar el beneficio para el que fueron creados, porque rápidamente son robados, destruidos o distorsionados; acera rotas, drenajes colapsados, vallas oxidadas y olvidadas, obras inconclusas, la sensación de un país que se quedó a medio hacer.

Esa fealdad de los espacios, de la que no escapa ninguna región de Venezuela, es el marco donde transcurre nuestra existencia. Que nada quede ajeno a este auge de la deformidad urbana, tal parece ser el resultado de la conjunción de la acción gubernamental, la chapucería arquitectónica, el desprecio activo con que las personas tratamos cuanto nos rodea. Es en estos territorios desfigurados donde cada vez más se están cometiendo crímenes de incalculable atrocidad.

Se asesina con un derroche de balas y heridas punzopenetrantes; se asesina y, como si acabar con una vida no fuese objetivo suficiente, se origina un ensañamiento sobre el cadáver: se despedazan los cuerpos. Se mata cada vez por menos, la vida sometida a rebajas y liquidaciones. Hasta el más irrelevante de los incidentes parece el preámbulo de los más sangrientos episodios.

En medio de este estado de cosas, un niño ha permanecido secuestrado a lo largo de cuatro años. En la vida de su familia, este hecho ha marcado y  marcará sus destinos. El más elemental gesto de empatía permite intuir los padecimientos por los que han pasado la víctima y sus seres queridos. Ese delito, como tantos y tantos, reta nuestra capacidad de adjetivar el estado de horror que se extiende por Venezuela como una epidemia.

La idea de un niño secuestrado durante cuatro años; la figuración que cualquiera puede hacerse el sufrimiento al que fueron sometidos María Herrera y Robert Serra; el rompimiento del acuerdo fundamental de la convivencia que tiene lugar cada vez que una persona mata a otra, todo esto remite a las preguntas de las causas y la responsabilidad. Una respuesta sustantiva y duradera no podría conformarse con señalar la omisión de las autoridades. Es toda la sociedad que debe interrogarse, por una razón elemental: las posibles soluciones subyacen en el mismo lugar donde se origina esta violencia que campea irremediable. Que un niño lleve cuatro años secuestrado debería ser un motivo suficiente.