• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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La masacre

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Existen muchas maneras de acabar con el hacinamiento en las cárceles, pero sólo uno de ellos es el más civilizado y humanitario: revisar los procesos de los privados de libertad, cumplir con las instancias y lapsos procesales y luego dictar sentencia justa y rápida. Parece una simpleza, pero no lo es si tomamos en cuenta que cerca de 70% de los presos venezolanos ni siquiera ha sido juzgado y que malgastan su tiempo de vida entre rejas a la espera de que, por gracia de Dios o suerte del destino, alguna autoridad se digne a dar la orden para que se le conduzcan a un tribunal y se avance un poquito en los trámites kafkianos que, quizás, lo lleven a la libertad o le determinen en firme una pena contabilizada en meses y años.

Se dirá que al fin y al cabo se trata de malvados delincuentes que asaltaron a alguien y lo despojaron de sus pertenencias sin miramiento alguno, o que son secuestradores y narcotraficantes de la peor ralea, bandidos extorsionadores o asesinos que no tuvieron la menor sensibilidad con sus víctimas. Gente así, dicen, no merece estar en la calle ni mucho menos recibir los beneficios que establece específicamente la ley.

A lo mejor es verdad pero ¿cómo sabemos si son realmente culpables si ni siquiera se les juzga ante un tribunal legalmente constituido? Pensemos, por un momento, que entre algunos de esos privados de libertad que suman 70% de procesados existe 35%, es decir la mitad, que son inocentes porque no se les puede demostrar lo contrario debido a que no han sido llevados ante un tribunal o porque lo son en verdad por innumerables razones y errores humanos.

Otros, los más escasos, lo son por venganzas políticas o por instrucciones directas del Gobierno. Estos últimos no tienen siquiera la esperanza de que sus casos sean sentenciados mientras Chávez esté en el poder. Son hombres y mujeres que están presos por órdenes del comandante Presidente y punto. Hasta allí no llega la ley.

Pero como el hacinamiento carcelario hay que reducirlo y se debe tomar el control de las prisiones que, desde que llegó al poder el chavismo, están manos de los famosos pranes (los más bravos y crueles entre los matones de la cárcel), la ministra Valera decidió que, como lo hizo su comandante cuando el golpe del 4 de febrero, había que solucionar a sangre y fuego el problema, sin importarle que entre los presos hay muchos a punto de cumplir su condena (a algunas de las víctimas fatales les faltaban días para salir en libertad).

Desde luego, la ministra no dio la orden de fuego lo cual sería una locura, pero sí dejó hacer y deshacer a la Guardia Nacional Bolivariana del Pueblo que de guardia tiene mucho pero de pueblo nada. Fue un infierno de ráfagas de ametralladoras, granadas y cuerpos mutilados por doquier. Un pequeño Vietnam a la venezolana. 58 muertos admite la ministra, más de 60 dicen los médicos del hospital. Bloody Iris, se puede llamar este trago amargo.