• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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En manos del Sebin
Dos jóvenes valientes

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La esencia represiva tanto policial como militar de este gobierno ha quedado expuesta en innumerables oportunidades, al punto de que hoy puede decirse sin temor a equívocos ni a ser injusto que el aparato represivo usado por los cuerpos de seguridad en la década de los años sesenta ha revivido con tanta saña como en el pasado. Allanamientos a medianoche llevados a cabo por policías encapuchados que no sólo maltratan a los sospechosos sino que desmantelan los hogares donde penetran.

Estos cobardes amparados por la ley centran su acción brutal en las mujeres y en los jóvenes. Ayer los estudiantes Lorent Saleh y Gabriel Valles, que estaban desaparecidos, fueron trasladados al Palacio de Justicia en Valencia para imputarlos por haber supuestamente violado el régimen de presentación. Tremendo delito, como si le hubieran cortado la cabeza a un ciudadano en plena calle.

Lorent Saleh y Gabriel Valles estaban viviendo en Colombia y cursaban estudios en Bogotá. La vileza de este acto de las autoridades colombianas es algo que nos sorprende.

Al gobierno de Colombia le importó poco los riesgos que corrían estos jóvenes en caso de ser entregados a las autoridades venezolanas que desde hace tiempo los perseguían. Es inexplicable como se ejecuta esta operación comando y los dos estudiantes son entregados al macabro Servicio Bolivariano de Inteligencia a menos de 24 horas de haber sido detenidos. Recordemos que para entregar a Walid Makled se tardaron 9 meses.

Al gobierno colombiano se le olvidó por completo lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos que claramente reza: “En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de opiniones políticas”.

La entrega de los dos jóvenes por parte del gobierno colombiano a la revolución que los perseguía y quería obtener a toda costa su captura nos da la apreciación de que el territorio colombiano deja de ser una zona de distensión para los opositores venezolanos, pues es evidente que existe un acuerdo entre Santos y Maduro para perseguir y deportar a opositores venezolanos que se encuentren en ese país. Un hecho nada alentador en esta época donde acosar al que piense diferente se ha convertido en ley de la revolución.

Ahora solo queda esperar saber qué va a pasar con ellos en manos de la justicia revolucionaria, aunque todos sabemos de su escasa o nula imparcialidad, si se le respeta el debido proceso, su integridad personal y un juicio justo, mientras las mazmorras del Sebin sean probablemente su sitio de reclusión.

Por ahora es el Sebin el único responsable de lo que pueda ocurrirle a estos valientes jóvenes. Este cuerpo policial los recibió en la frontera de manos del gobierno colombiano, y hoy está en la obligación de garantizar su vida, su integridad personal y el respeto a los derechos humanos como lo establece nuestra Constitución.