• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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¿Quién manda a quién?

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Entre las cuestiones que más preocupan a los venezolanos es el desajuste (o
mejor dicho en criollo ³despelote²) que existe entre las diversas instancias
del gobierno y su falta total de sincronización para adelantar de alguna
manera, medianamente civilizada, las cuestiones básicas necesarias para
conducir un país y lograr determinados objetivos.

Es evidente que la incoherencia y la irracionalidad que sembró Hugo Chávez
en el manejo de las cuestiones públicas sigue incólume y que nadie, y menos
sus herederos, se ha atrevido a revisar, con espíritu crítico, el hecho
cierto de que muchos de los males que sufrimos los venezolanos se deben a
esa manera primaria de querer construir un modelo de país a golpe y porrazo,
con ese vulgar e ignorante pragmatismo de esos militares sin educación
sólida que desprecian el conocimiento y la formación académica.

De allí que resalten en el gobierno bolivariano las permanentes
contradicciones y el incumplimiento de metas y objetivos anunciados
públicamente y con el mayor descaro como si el pueblo venezolano fuera una
manga de tontos a los cuales se les puede engañar con baratijas verbales.

¿Cuánto tiempo llevamos ya con la zarzuela del pago de la deuda a las líneas
aéreas sin que se llegue a una solución? Sólo en este campo la producción de
mentiras cada vez más descomunales nos hace preguntar quién en verdad está
gobernando en Venezuela. Pongamos otro ejemplo. Ayer la fiscal general, la
doctora Luisa Ortega Díaz, aseveró que está dispuesta a tomar cartas en el
asunto y mandar a una funcionaria de su confianza para que lleve a cabo una
inspección en la cárcel militar de Ramo Verde y verifique in situ la
denuncia del injusto y cruel aislamiento que pesa sobre el líder político
Leopoldo López, integrante del movimiento Voluntad Popular.

"Designaré a un fiscal de Derechos Fundamentales para constatar la situación
de Leopoldo López", afirmó resueltamente la señora fiscal, pero del dicho al
hecho hay mucho trecho. Esto lo decimos porque desde bastante tiempo los
medios de comunicación han recogido las denuncias de los familiares de López
en el sentido de que se le ha tratado con saña y crueldad en esa cárcel
militar, restringiendo el número de las visitas (lo que es un derecho
inalienable de un privado de libertad), se le ha incomunicado por lapsos
prolongados y se le ha confiscado su correspondencia, como si se tratara del
destripador de Londres.

Como si esto fuera poco, desde los medios de comunicación oficialistas piden
30 años de cárcel para Leopoldo López y, al mismo tiempo, sus carceleros le
prohíben hasta las visitas de sus padres, de su esposa y, para colmo de los
colmos, la de sus hijos. La fiscal general sabe por experiencia propia lo
que significa estar preso y encima aislado como si fuera un leproso.

Cuando Luisa Ortega ejercía en Maracay, en el bufete del legendario abogado
de izquierda conocido como la ³Bruja Márquez² (muy visitado por Luis
Miquilena y José Vicente), y junto al exfiscal Isaías Rodríguez, le tocó a
ella defender y lograr la libertad de muchos perseguidos políticos. De
manera que con más razón ella está en condiciones de ordenar que se respeten
los derechos humanos de Leopoldo López, que por el hecho de estar preso no
pierde su condición de ciudadano.

Según la AP, la directora de Derechos Fundamentales, María Mercedes Barté,
"enviará un fiscal que constate el presunto aislamiento del dirigente de
Voluntad Popular", y la prohibición de recibir visitas familiares. "En el
Ministerio Público", dijo muy oronda, "velamos porque se cumpla el debido
proceso". Pues están velando muy mal porque un civil no tiene por qué estar
recluido en una cárcel militar. Ni siquiera cuando la dictadura del general
Pérez Jiménez.