• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Bajo la lupa

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Proyecto de la revolución para el cuidado de los consumidores, el regreso de Eduardo Samán al ejercicio de su comando pone al descubierto el extraviado camino que la institución tomó un fatídico día, pese a las buenas intenciones que pretendieron marcar su nacimiento. Estamos ante un caso elocuente, quizá porque no solo refleje las torcidas vicisitudes de un hecho particular, sino también los malos pasos de otros engendros que nacieron bajo la inspiración de las mejores aspiraciones del mundo.

Como proyecto, la creación de Indepabis es inobjetable. Nace para proteger a los usuarios frente a la explotación de los comerciantes, de los industriales y de otros prestadores de servicios. El presupuesto de que existe un conjunto de individuos cuya única función es la explotación del prójimo no parece del todo razonable, pues hay de todo en la viña del Señor, pero de allí nació la formación de un ejército de guardianes entrenados por el Estado para que nadie se pasara de listo en el mercado al que deben acudir las personas comunes y corrientes. Una loable intención, pero alejada totalmente de su objetivo si nos atenemos a las acciones y a las recriminaciones del retornado ciudadano Samán.

¿Qué descubre, después de sus primeras indagaciones? Lo contrario al propósito de la institución. En lugar de ocuparse de controlar los precios y de evitar los abusos de los malévolos mercaderes cuya existencia daba el Gobierno por hecho cumplido, les extendió licencia para vender caro, o para otro tipo de ventajas ilícitas. Bajo el amparo de los supervisores de Indepabis se fortaleció una pandilla de expoliadores que disponían a su antojo la elevación de los precios de sus mercancías, o la adquisición ilegal de productos que acaparaban hasta cuando les convenía. Nada de multas, a cambio de las comisiones producidas por el trato entre los expendedores y los empleados públicos que tenían la obligación de evitar sus desmanes. Ningún tipo de castigo, a cambio de la vista gorda que sacaba ganancias extraordinarias por dejar de ver lo que no necesitaba lupa. Debido a la operación no solo se perjudicaba a los usuarios, sino también al Estado, que dejaba de percibir el dinero que provenía de unas multas o de otro tipo de sanciones que podían reportar ingresos al erario.

La retornada autoridad ha descubierto la existencia de una especie de “capitalismo salvaje al detal”, prohijado por los agentes de Indepabis. Nadie puede negar que se plantee ahora un hecho indiscutible al que no se le encontrará solución con facilidad. ¿No nació de las entrañas de la institución que ahora tiene la obligación revolucionaria de volver a sus intenciones originales? Tarea difícil, dada la proliferación de corruptelas, es un caso que no solo provoca alarma por la putrefacción que descubre, sino también porque seguramente no estemos ante un fenómeno aislado.