• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Sin ley ni orden

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Las recurrentes y cada vez más aterradoras noticias que narran sangrientos enfrentamientos en todos los rincones de la nación dan pie para preguntarse si hay gobierno en Venezuela; y si lo hay habría que cuestionar su pasividad ante el envalentonamiento de esas pandillas que pasean su impunidad por el territorio nacional.

Anteayer los medios informaban sobre la matanza de 11 hombres en el interior de una finca ubicada en Altagracia de Orituco, donde una banda, la del Picure, llegó armada hasta los dientes, con armas cortas y largas y, como perros defendiendo sus predios, se enzarzaron en feroz batalla contra los integrantes de otra banda ³conocida como Juvenal o de Memo, que operaba entre los estados Aragua y Guárico².

De acuerdo con las fuentes policiales, por lo menos 4 de las víctimas fallecidas en el enfrentamiento en el hato San Juan de Dios presentaban disparos en la cabeza, lo que indica que fueron capturados vivos y luego se les remató estando prisioneros. Los miembros de la banda del Picure, por su parte, no sufrieron bajas, por lo que se deduce que fue un ataque por sorpresa.

Al margen de las investigaciones de rigor que impone el formalismo protocolar con que los cuerpos de seguridad disfrazan su incapacidad para lidiar con este hamponato in crescendo que azota al campo, no pareciera haber planes de contención para evitar la expansión de un fenómeno que recuerda a las actuales ³bacrim² -bandas criminales colombianas- cuya forma de operar está siendo copiado por estos bandoleros en los llanos venezolanos.

Es inútil intentar diferenciar entre quienes delinquen escudados en hipócritas motivaciones políticas y quienes abiertamente lo hacen para lucrarse. Montoneras, pandillas, bandas, patotas y colectivos se han enseñoreado en los llanos, en las montañas y en los centros urbanos. Sus códigos son ley y sus deseos deben cumplirse a riesgo de exponerse a salvajes represalias.

Adentrarse en sus zonas de influencia es arriesgarse a ser secuestrado o a perder la vida; mas, como guerra avisada no mata soldado, ya son muy pocas las personas que se atreven a incursionar en sus dominios. Pero ¿qué sucede con quienes habitan en esas vastedades sin autoridad que las vigile y controle, en las cuales el Ejecutivo parece haber traspasado su soberanía a bandoleros que sólo conocen la ley del revólver? Ni la Guardia Nacional Bolivariana, ni los efectivos del Ejército ni los cuerpos policiales han sido capaces de impedir sus tropelías y, por el contrario, en más de un caso se infiere complicidad.

Lo más grave es que los adelantados rojos, que nominalmente administran esos espacios, saben perfectamente quiénes integran esas gavillas de malhechores, de dónde provienen y hasta dónde se refugian o acampan, si no es que se alojan en fincas y hoteles que regentan por mampuesto mediante el cobro de vacuna. Se puede llegar al extremo de presumir que, en el fondo, perseguidores y perseguidos no son más que caimanes del mismo caño.