• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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La justicia adulterada

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El ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Eladio Aponte Aponte suscribió en Costa Rica una declaración de implicaciones tan graves que no hay manera de que sea silenciada y se pierda en la vorágine de la campaña electoral. Ha debido ser una de las cuestiones a debatir en este contexto, ciertamente. No ha sido así porque el acusado, nada más y nada menos que el Presidente de la República y candidato a la tercera elección, guardó silencio sobre el asunto, a diferencia de otras ocasiones.

El ex magistrado y ex oficial de la Fuerza Armada Eladio Aponte Aponte declaró que recibió órdenes directas del presidente Hugo Chávez Frías para que condenara a 30 años de prisión a los comisarios y policías presos por los sucesos de abril de 2002. El documento fue notariado y autenticado en Costa Rica, y se convierte en una prueba de cómo la justicia es utilizada en Venezuela como un instrumento personal de venganzas y retaliaciones. Esto no es un secreto. Los comisarios y los policías han sido víctimas de la saña que se desató contra ellos, y la sentencia de 30 años de prisión fue ordenada por el propio jefe del Estado.

El ex magistrado y hombre de confianza del gobierno bolivariano, ex fiscal militar y quien manejó la guillotina para complacer a su jefe, está ahora suministrando datos e informaciones al Gobierno de Estados Unidos. Quién sabe cuántas sorpresas esperan a quienes lo interrogan. Aquí sabemos que la justicia es un instrumento usado por Hugo Chávez sin piedad y sin respeto por los seres humanos, sin escrúpulos frente a la independencia del Poder Judicial que pauta la Constitución. Ahí está el caso de los directivos de Econoinvest. Y tantos otros. Nadie puede callar frente a comprobaciones como éstas.

El ex magistrado ofreció nombres de jueces, las circunstancias que rodearon los casos y cómo él mismo entregaba las sentencias en un pendrive de modo que los jueces o juezas sólo tenían que imprimirlas y firmarlas. Los jueces y juezas mencionados por Aponte Aponte no pueden guardar silencio. Han callado hasta ahora en espera de una señal desde arriba. ¡Que hable primero el Presidente de la República! Sí, que hable, pero ellos o ellas no pueden cobijarse bajo ese silencio. Tienen una responsabilidad intransferible.

Este triste episodio no puede pasar por debajo de la mesa. El Presidente de la República tiene la obligación moral de rectificar el grave daño causado a estos venezolanos. Debe hacerlo antes del 7 de octubre para que no pese sobre su espíritu tanta injusticia. Y si el comandante no lo hace porque es incapaz de un gesto de humanidad, o porque su soberbia lo lleve a persistir en el error contra viento y marea, pues, nada, el próximo gobierno deberá rectificar tantos entuertos, y de la manera más apremiante que estos casos exigen.

La historia guardará con rubor esta época triste.