• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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La injusticia rojita

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La escasa formación intelectual  de nuestros actuales gobernantes quizás explique el odio y a la vez el temor que sienten contra el periodismo escrito. Si revisamos sus currículos (si es que poseen) nos enteramos plenamente del desprecio que sienten por los estudios y la formación profesional pues sus credenciales nada revelan que justifique estar al frente de un ministerio o de una vicepresidencia, en estos momentos tan inquietos y cruciales para la nación.

El país ha conocido también la actuación de políticos que jamás obtuvieron un título universitario pero que, por propia iniciativa, fueron formándose en campos diversos y exigentes pues entendían claramente que el reto de hacer política y de conducir los destinos de Venezuela no era una cuestión fácil sino un compromiso extremadamente riguroso.   

De manera que cuando se observa ese desprecio hacia los ciudadanos y se les priva de leer sus periódicos preferidos argumentando razones perversas, maquinadas desde tribunales complacientes en función de proteger no a los periodistas y a la prensa en general, sino a quienes precisamente ocultan sus negocios sucios escudándose tras sus relaciones con el poder político, los venezolanos sienten que están viviendo ya no en una república sino en una población de Sicilia dominada por la mafia, donde para sobrevivir  y negociar es necesario ser miembro de ella.  

No hay duda alguna sobre los beneficios que para una nación significa gozar de una vigorosa libertad de prensa. Las cuestiones primordiales de un país se deben conocer y discutir sin restricción alguna para que, al hacerse públicas, reciban los aportes que los ciudadanos consideren convenientes. De manera que entre debates y críticas se obtenga el consenso necesario. Pero en la república bolivariana estas cuestiones están subordinadas no a las leyes sino a los caprichos y venganzas personales de los jefes del movimiento “revolucionario”. Gozan pues, en este caso, de cierto derecho de pernada a la hora de aplicar “su justicia” y cuidar “sus intereses”. El resto de la sociedad venezolana nunca será inocente sino culpable de antemano.   

Por este camino va la retaliación judicial que condenó a cuatro años de prisión al editor David Natera Febres, presidente del Correo del Caroní, por los delitos de difamación e injuria por haberse atrevido a  publicar una serie de  reportajes sobre la macro corrupción en una empresa estatal, por supuesto roja rojita.

Por si fuera poco el tribunal sentenció a Natera Febres a pagar una injusta multa y le ordenó no seguir publicando notas relacionadas con el caso de corrupción en la CVG Ferrominera Orinoco. El juez además le prohibió la salida del país y ordenó que se presentara ante el tribunal cada 30 días.

Esta sentencia no sólo es injusta sino que se levanta sobre una peculiar manera de castigar a un periódico en particular, ya que las mismas informaciones aparecieron en otras publicaciones regionales sin que por ello el supuesto afectado incoara un juicio en contra.