• Caracas (Venezuela)

Editorial

Al instante

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

Si Maduro pusiese una pizca del mismo furor con que amenaza -sin que le asista razón alguna- a los sectores de la oposición que le reclaman más eficiencia y menos cadenas radiotelevisivas repletas de errores y cargadas de ignorancia, y dedicara ese tiempo a monitorear el desempeño de las autoridades sanitarias, tal vez se hubiese podido evitar el trágico y doloroso deceso de Milagros Vidalina Franco Peralta, profesional de enfermería que fue atacada brutalmente por dos pacientes internadas en la Maternidad Concepción Palacios.

Y decimos tal vez porque un incidente como el acaecido en ese centro hospitalario sólo es concebible en el marco de una administración negligente como la que caracteriza al sistema venezolano de salud, largamente aquejado de quebrantos crónicos producto de políticas públicas en las cuales el factor predominante es la ineptitud.

Pero analizando lo sucedido desde otro ángulo y sin dejar de lado la presunta culpabilidad de las indigentes señaladas de golpear brutalmente a la enfermera, está la responsabilidad que tienen las autoridades de la Maternidad Concepción Palacios en el fallecimiento de una de sus trabajadoras más abnegadas.

Como se desprende de las informaciones suministradas por los medios de comunicación, las pacientes que atacaron a la enfermera habrían clavado una larga aguja de inyectadora en el pecho de la víctima, rasgando la arteria pulmonar, lo cual habría ocasionado una “acumulación anormal de líquido en el corazón, situación que generó una compresión cardiaca que originó un paro”.

Pero lo más grave es que, de acuerdo con testimonios recogidos por los periodistas, “la aguja podía ser vista en una radiografía tomada a Milagros Franco, pero no se hizo algún esfuerzo por retirarla, ya que se necesitaban otros estudios clínicos que no fueron realizados por la ausencia de una ambulancia para trasladarla hasta otro centro asistencial”.

Estamos ante un caso más que evidente de desidia, mala praxis y encubrimiento que, según compañeros de la fallecida, compromete presuntamente a la directora de la maternidad, Antonieta Caporales, pues de comprobarse que “ningún médico forense evaluó las heridas provocadas a la difunta” se concluiría que, con la omisión de los funcionarios del Cicpc, se estarían distorsionando los hechos y ocultando fallas inexcusables para exonerar de toda culpa a la directiva de la maternidad.

Este crimen brutal ha provocado, como era previsible, una airada reacción de parte de los compañeros de trabajo y de los familiares de la enfermera asesinada que reclaman con urgencia y sinceridad respuestas y explicaciones a las autoridades.

Lo cierto es que Milagros Vidalina Franco Peralta ha sido otra víctima de la inseguridad, tanto de la generada por la impunidad y la complicidad del Gobierno frente a la delincuencia, como de una más aterradora aún: la que existe en los recintos del sistema nacional de salud.