• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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El expediente Maduro

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A raíz de los sucesos de abril de 2002, se alzaron, dentro y fuera del país, multitud de voces clamando porque se constituyese una comisión de la verdad que investigase lo acontecido y precisase responsabilidades por los homicidios perpetrados durante las marchas hacia Miraflores. El comandante eterno y su entorno escurrieron el bulto y, en complicidad con el resto de los poderes públicos, montaron una descomunal olla para exculpar a los asesinos que, desde Puente Llaguno, dispararon contra la multitud. Finalmente se salieron con la suya, eludieron sus responsabilidades y endilgaron la culpa a los comisarios Vivas, Forero y Simonovis y a ocho agentes de la Policía Metropolitana que fueron condenados y encarcelados por delitos que no cometieron.Doce años después, Maduro procura, de igual manera, sacarle el cuerpo a su responsabilidad en las muertes ocurridas en las manifestaciones pacíficas llevadas a cabo en todo el país. Está demostrado que estas protestas fueron desnaturalizadas por agentes provocadores y agitadores del oficialismo, que se infiltraron siguiendo las orientaciones de quien dice ser presidente. Hoy deben abonarse esas muertes (así como las ocurridas en las manifestaciones posteriores a la última elección presidencial) al expediente por el cual se debería abrir juicio por crímenes contra la humanidad a Maduro y a sus colaboradores más cercanos, entre ellos el gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, cuyas arengas a la policía y a los colectivos paramilitares para que lanzaran un “ataque fulminante” han dado como resultado trágico la muerte de Génesis Carmona, estudiante y miss de belleza. Esta vez le será difícil sacudirse de culpas. A la ilegitimidad de origen, producto de la conspiración, confabulación y asociación para delinquir con el resto de los poderes públicos, que ya, de suyo, constituyen elementos más que suficientes para levantar un expediente a Maduro, habría que agregar las sospechas de fraude y los delitos de usurpación y peculado de uso. Y qué decir de la persecución y encarcelamiento por motivos políticos practicados con su anuencia por una justicia alcahueta. Maduro debe responder ante una corte internacional por la responsabilidad que como jefe de Estado, legal o ilegal, le corresponde directamente en violaciones, secuestros y allanamientos llevados a cabo por cuerpos de seguridad y colectivos paramilitares aleccionados por sus discursos de odio y violencia.Haber imputado a Leopoldo López de nueve cargos a cuál más estrambótico no hace sino reforzar la certeza de que Maduro sabe perfectamente que no puede ocultar sus bajezas y tendrá, tarde o temprano, que pagar por sus culpas. López, será, como Simonovis, un preso por razones políticas. Un ciudadano arbitrariamente detenido como la jueza Afiuni. Pero llegado el momento, a Maduro la justicia lo puede tratar, de acuerdo con el Estatuto de Roma, por crímenes de lesa humanidad.