• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Siete estudiantes

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Ayer, de acuerdo con las informaciones publicadas por los órganos de prensa capitalinos, cerca de 200 presuntos militantes del oficialismo, al amparo de la noche y haciendo gala de su superioridad como banda armada especializada en ese tipo de agresiones, lanzaron una ofensiva contra un grupo de estudiantes que permanecían en huelga de hambre en la plaza La Castellana.

 El objetivo de los estudiantes era llamar la atención de la directiva del Consejo Nacional Electoral para que se cumplan ciertas condiciones mínimas que garantizarán unos “comicios justos”, lo cual no constituye una amenaza para nadie sino, más bien, es una demostración de democracia y libertad de expresión.

Pues, bien, esto pareciera haber desatado los demonios en el seno de las presuntas bandas armadas del oficialismo, especializadas en atacar a gente pacífica y desarmada, que carece de capacidad de respuesta ante la violencia de unos cuerpos parapoliciales que corren como conejos cuando tienen frente a sí a hombres experimentados en combate.

Según relató Gaby Arellano, consejera estudiantil de la Universidad de los Andes: “Los agresores llegaron a las 8 de la noche en motos y camiones 350 identificados con afiches y canciones alusivas a la campaña del candidato oficialista, Nicolás Maduro”.

Esos testimonios deben ser comprobados plenamente, y si se llegará a obtener pruebas rotundas sobre la autoría de estos hechos que contravienen las normas de convivencia y derechos humanos, entonces se debe acudir ante las autoridades a las que compete y no sólo abrir los procedimientos que conduzcan al debido castigo, sino constituir un equipo que no deje caer en el olvido esos actos criminales y los mantengan vivos hasta obtener resultados.

El oficialismo ha sido en este aspecto mucho más consecuente cuando se trata de investigar, llevar a juicio y condenar a los militantes de oposición. Casos como el de Simonovis y el resto de los integrantes de la Policía Metropolitana, a los cuales se les acusa –sin pruebas reales, rotundas y comprobadas– de accionar armas y causar la muerte de manifestantes el 11 de abril, constituyen un verdadero mamarracho que no tiene asidero por ninguna parte y que cualquier tribunal serio rechazaría por ofender la inteligencia de un juez sensato.

 Pero el caso de la plaza La Castellana no puede pasar por debajo de la mesa. Debe ser sustanciado milimétricamente, como un modelo de lo que siempre se debe hacer cuando desde el poder se ejerce la violencia parapolicial contra gente desarmada y en actitud pacífica. Veamos como actuaron las bandas armadas según una testigo: “Rodearon la plaza, trancaron los accesos y comenzaron a lanzar piedras, botellas y golpes, además de agresiones verbales contra los jóvenes que se encontraban en la plaza”. Siete estudiantes resultaron heridos y, además, destrozaron parte del campamento de los manifestantes. Cosecha roja.