• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Yo no fui

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La hegemonía comunicacional a la que hiciese referencia en 2004 el entonces ministro de Información, Andrés Izarra, no era ningún chiste a pesar de la risa que le provocaba explicar en qué consistía su “concepción pública de la comunicación”. No se trataba de ninguna agudeza, sino más bien de una estrategia de restricción y control contra los medios en general.

Esa omnipotencia mediática, que imposibilita la divulgación de pareceres distintos a la verdad oficial, les permite corear truculentas fabulaciones con la asesoría de expertos en el método inventado por Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de Hitler, que recomendaba cínicamente: “Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad”.

El pasado domingo, el ministro de Energía y presidente de Pdvsa, con su cara de me las sé todas, hace de la conjetura una certeza y aprovecha a los medios de comunicación para afirmar que la tragedia ocurrida en Amuay fue producto de una complicadísima operación de sabotaje en gran escala.

Con ello mata dos pájaros de un tiro: acusa a la oposición por la masacre y lanza la hipótesis de la participación extranjera, con gente altamente entrenada en este tipo de acciones. En realidad Ramírez trata de esconder la posible responsabilidad civil y penal de Pdvsa y la suya en primer lugar, en la muerte de obreros, guardias nacionales y de personas que habitaban dentro y fuera de la refinería, lo cual contradice las estrictas medidas de seguridad que deben imperar en este tipo de instalaciones altamente peligrosas.

Pdvsa y su presidente saben que esta vez están atrapados en las detalladas investigaciones que al efecto deben realizar las aseguradoras y reaseguradoras transnacionales que se rigen por normas y reglas internacionales. En este caso no podrán manipular, como lo hacen en Venezuela, a los tribunales y la Fiscalía porque esas compañías extranjeras saben que si mienten se exponen a dañar su reputación y pueden ser llevadas a los tribunales en sus respectivos países.

Si se abre una investigación imparcial fuera de Venezuela no hay duda de que Pdvsa saldrá muy mal parada, incluso si se llegase a “comprobar” (algo imposible porque se parte de un hecho falso) que hubo algún tipo de “sabotaje”.

Basta con investigar el desastre en el mantenimiento de las instalaciones, las restringidas medidas contra incendios, el incumplimiento de las normas de seguridad industrial, la falla en la custodia por parte de los civiles y militares, para encontrar suficientes pruebas e indicios de que la tragedia se extendió más allá de lo previsible por la propia incapacidad de Pdvsa para enfrentar la emergencia.

No quepa duda de que esta tragedia nacional, disfrazada de sabotaje, llegará a instancias judiciales internacionales y que los directivos petroleros tendrán su cabeza en juego. Las aseguradoras transnacionales no pagarán reclamaciones millonarias en dólares basadas en mentiras.