• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Sin disfraz

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A un año de la andanada represiva y su saldo de muertos, heridos, apresamientos arbitrarios, maltratos, torturas e impunidad, Venezuela sigue siendo caso digno de atención para organizaciones internacionales y no gubernamentales, parlamentos y parlamentarios, organizaciones políticas y sociales, así como respetables individualidades que desde el mundo miran con preocupación el desmoronamiento de la democracia y el Estado de Derecho entre nosotros. Ya no pueden ocultarse las grietas en el muro protector construido con tanto discurso, promesas, amenazas y patrimonio nacional.

Con todo, también hay que decir que ante nuestro acelerado derrumbe siguen siendo insólitos los giros retóricos y los silencios de organizaciones regionales que prometían preocuparse por la emancipación de los pueblos de Latinoamérica y del Caribe. Es el caso de la Unión de Naciones Suramericanas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, para no hablar de la dupla Alianza Bolivariana-Petrocaribe que se explica por sí sola y nunca pudo disfrazar su naturaleza.

Si en Europa los gobiernos han alentado o, en todo caso, han optado por respetar los pronunciamientos de sus instancias comunitarias de representación y de protección de los derechos humanos, por aquí han estado ganando la partida los gobiernos “justicieros” que, mientras concentran el poder y destruyen contrapesos adentro, han hecho todo lo posible por acabar con las instancias de escrutinio sobre la legitimidad de su desempeño.

La Unasur y la Celac se alejaron de los compromisos del sistema interamericano para, en cambio, consagrar el origen electoral como credencial democrática decisiva. El tema del desempeño democrático y como tal respetuoso de los derechos humanos fue ahogado por el principio de no intervención. Para rematar, esos dos acuerdos desvirtuaron los mecanismos de escrutinio sobre los procesos electorales al permitir la reducción de la observación integral a mero acompañamiento.

Episódicamente la Unasur ha atendido situaciones críticas, como en 2013 ante los reclamos opositores venezolanos de recuento de votos y el año pasado con la facilitación del diálogo entre el gobierno y la oposición organizada en la Mesa de Unidad Democrática. Pero en ninguno de los dos casos hubo voluntad para hacer el debido trabajo, seguimiento, evaluación y presión ante graves incumplimientos del Gobierno.

Hoy es muy difícil no leer como piezas de un mismo cuadro el silencio de Unasur y la Celac ante la resolución del Ministerio de la Defensa que autoriza la utilización de armas potencialmente mortales para el control de manifestaciones, su celeridad para condenar las sanciones a funcionarios venezolanos incursos en violación de derechos humanos decididas en Washington y, no menos reveladora, la elección y la actitud del actual Secretario de la Unasur.

Hay mucho trabajo por delante, para recuperar y fortalecer compromisos respetables con la democracia y los derechos humanos, de los que no necesitan disfraz.