• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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El desprecio a la ONU

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El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Husein, ha colocado sus ojos en Venezuela. Su oficina, atiborrada de reclamos y denuncias, lo ha obligado a manifestar alarma por los horrores que ocurren aquí en el campo que le concierne como funcionario especializado en el delicado asunto. La cantidad de noticias que abruman a su despacho lo han conminado a hacer un pronunciamiento perentorio, que debe ser atendido por la parte a la cual atribuye responsabilidad en diferentes desmanes que ya concitan la atención del mundo.

No son pocos los detalles que respaldan su intervención, ni minúsculos en atención a su gravedad. El alto comisionado sustenta su intervención en datos palmarios que maneja sobre ciudadanos dedicados a la política, o de manifestantes sin notoriedad, que han sufrido un rigor ilegal y escandaloso por parte de las autoridades venezolanas. Acude a una estadística impresionante: 43 muertos en lo que va del año, como consecuencia de la represión de actos sucedidos en la calle a la vista del común, y 3.300 detenciones prolongadas y breves en cuya ejecución no se ha respetado el debido proceso.

El alto comisionado se detiene en los casos específicos de Leopoldo López y Daniel Ceballos, en los cuales advierte una arbitrariedad que conduce a una sola e indiscutible conclusión: deben ser liberados de inmediato debido a la inexistencia de los delitos que se les atribuyen y a las tropelías que han caracterizado el tratamiento judicial.

Una petición tan urgente solo puede obedecer a la posesión de evidencias incontrastables que no puede ignorar, y que lo obligan a efectuar una denuncia que no solo se dirige a las autoridades del país sino a toda la comunidad internacional.

En una institución tan seria como la ONU no se examinan los casos a la ligera. Sus sugerencias y sus decisiones obedecen a estudios equilibrados, que solo terminan en declaraciones o en solicitudes públicas después de cuidadosos exámenes. De intervenciones como la que ahora se comenta del alto comisionado para los derechos humanos, dependen el prestigio del organismo y la salvaguarda de los tratados internacionales.

Estamos ante una sólida acusación que no debe pasar inadvertida por las autoridades a las cuales se acusa de flagrantes violaciones, ni por el concierto de las naciones en general. No solo porque esas autoridades han suscrito convenios y documentos imprescindibles para el mantenimiento de la civilización en situaciones de respeto y concordia, sino porque la propia civilización los obliga al acatamiento.

¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades venezolanas? Se escandalizan ante lo que consideran una injustificable intromisión. Anuncian que no perderán el tiempo en el análisis de las palabras del alto comisionado.

Tratan a la ONU con desprecio y altanería. La confunden con los partidos que adversan al oficialismo ante los cuales no admiten ningún tipo de argumentos, independientemente de lo sustentados y serios que puedan ser.