• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Un delito presidencial

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Es indudable que el brutal asesinato de la señora Liana Hergueta ha causado conmoción nacional. Es un hecho público y notorio que todos los ciudadanos, independiente de su condición política, aborrecemos y repugnamos. Nadie puede permanecer indiferente ante este tipo de crímenes cada vez más frecuente desde que el socialismo llegó al poder y los niveles de inseguridad alcanzaron sus más grandes niveles históricos.

Así como repudiamos el crimen de la señora Hergueta tenemos que condenar el matiz político que se han empeñado en darle los voceros del gobierno, queriendo involucrar a un grupo de personas en algo de lo que ninguno tiene culpa.

Los videos que tanto el presidente de la República y otros voceros oficiales han presentado en los medios televisivos, como un gran premio de cacería, tienen mucha similitud con los videos que hemos visto de secuestrados por la guerrilla colombiana dando muestras de “fe de vida”.

El gobierno de Maduro no se cansa de violar la ley al proyectar este video en público, lo cual está prohibido por nuestro Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 286. Allí se establece que “todos los actos de la investigación serán reservados para terceros”.

De igual manera, el artículo 207 del mismo COPP establece: “Toda grabación autorizada conforme a lo previsto en este código y leyes especiales, serán de uso exclusivo de las autoridades encargadas de la investigación y enjuiciamiento, quedando en consecuencia prohibido divulgar la información”.

Estamos hablando de dos personas detenidas en un proceso penal que aún se inicia y, por lo tanto, las actuaciones que se hagan solo son públicas para el imputado, la Fiscalía y el tribunal: jamás para otras personas, así se trate del presidente de la República.

Al ver las declaraciones de los supuestos asesinos de la señora Hergueta podemos observar que, al declarar, parecen seguir un libreto escrito antes y que luego fueron obligados a repetir en público para, presuntamente, tener las bases sobre las cuales elaborar después el gran show que el gobierno montó para inculpar a personas inocentes.

Las declaraciones de Pérez Venta y Trejo son material de una “investigación en desarrollo” y mientras tanto no son legales. Además, existe la posibilidad de que sus declaraciones no estén libres de coacción y apremio, sin la presencia de sus abogados y carentes de legalidad y viabilidad para ser empleadas en un juicio.

Es lamentable que la justicia haya llegado a esos niveles en los que las órdenes que da Miraflores son más importantes que lo que establece la ley. De hecho, un grupo conformado en su mayoría por analfabetos jurídicos pero con mucho poder se ha encargado de violar la ley bajo la complacencia del alto gobierno.

En un país donde no se respetan las leyes, donde el Poder Judicial permanece mudo ante los atropellos que se cometen en la aplicación de la justicia, no puede ser un país. Como afirma el gran jurista Couture: “En un país donde sus jueces tienen miedo, la ciudadanía no puede dormir tranquila”.