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EDITORIAL

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El delito de opinión

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Gena Faludy tiene 16 años de edad y vive en un modesto barrio en las afueras de Budapest. Corre el año 1947. Durante el allanamiento a su casa, un funcionario de la policía política –que recibía órdenes directamente del Partido Comunista y no del gobierno de Hungría- encuentra en el diario personal de la adolescente una anotación de solo una palabra: Democracia. La interrogan: Por qué escribió esa palabra. Respuesta: porque la escuchó y no sabe qué significa. La anotó para no olvidar la extraña palabra y luego preguntar a sus profesores.

Faludy fue detenida de inmediato. Los largos interrogatorios que sufrió tenían como objetivo asociarla a una conspiración inexistente. La torturaron. Terminó firmando una confesión escrita en ruso, lengua que no conocía. Allí se decía, entre otras cosas, que en un bosque ubicado a pocos kilómetros ella se entrenaba en tácticas militares. Pasó 10 años confinada en un campo de concentración. El caso de Gena Faludy, uno entre las millones de oprobiosas historias semejantes que ha producido el socialismo real, ilustra cuestiones de fondo en relación con lo que se conoce como delitos de opinión (más adelante los historiadores demostraron que Gena Faludy y otros 10.000 húngaros fueron detenidos ese año y enviados a campos de concentración para cumplir con la cuota que los comunistas de Moscú le habían impuesto a los comunistas de Hungría).

Lo primero: todo condenado por opinar es un prejuzgado. Ha sido condenado antes de iniciarse el proceso judicial. Condenar la opinión, convertir la palabra en un delito, no es un hecho aislado. Se corresponde con un estado mayor de cosas: el poder entra en fase fantasmagórica: escucha voces que no existen, convierte la interpretación política en ejercicio de fabulación. El régimen se desconecta de la realidad y actúa bajo el mandato de sus propios fantasmas. La Historia así lo ha demostrado: nadie más proclive a formular acusaciones de conspiración que quienes han sido conspiradores de oficio.

Albert Camus sostenía que para alcanzar el punto donde se castiga la opinión de los demás previamente ha debido producirse una degradación, un deterioro moral. Convertir la idea o la palabra distinta o disidente en un delito, es decir, asumir el pensamiento de otro como negatividad pura, exige haberlo trastocado antes en sujeto de odio. En ser aborrecible. Antes de comparecer al tribunal, el acusado ha sido estigmatizado y sentenciado. Su imagen y su presencia aparecen distorsionadas por el odio que la cúpula desarrolla y acumula hacia quienes lo adversan. Un dato esencial del poder totalitario es la eficacia que pone en juego para lograr que todos sus agentes y funcionarios adopten un sentimiento de bruta hostilidad hacia todos aquellos que considera sus enemigos.

La práctica del socialismo real se soporta en una premisa: todo pensamiento autónomo y diferente al credo oficial, es un peligro. Por lo tanto, quien lo porta, quien formule pensamientos fuera de las reglas del poder, debe considerarse un “enemigo interno”. Ese enemigo interno, además de ser castigado por pensar de forma autónoma, cumple otra obvia función: la de advertir al resto de la sociedad del riesgo inherente de pensar de otro modo. Pero todavía hay algo más, el condenado por opinar resulta en objeto de propaganda oficial: hace posible que la fantasmagoría del poder, su visión torcida y morbosa de la disidencia, adquiera realidad en el castigado: el poder aspira a presentarlo como la evidencia del peligro que la palabra entraña. Se propone desterrar, ahogar o desaparecer todo pensar distinto o crítico. Poner en circulación que la única lógica aceptable es la de la perpetuación. Y que toda idea que sugiera que el poder debe cambiar será, ahora o más adelante, castigada con la cárcel. Con el silenciamiento.