• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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¿A quién defiende la defensora?

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La defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, no ha tardado en reaccionar ante el llamado de la red pública de hospitales y clínicas privadas que han pedido medidas urgentes frente a la crisis de la salud. Los directivos de la referida red han descrito las penurias por las cuales pasan las instituciones a su cargo, y los terribles aprietos de los enfermos de gravedad que acuden a sus sedes, para solicitar una declaratoria de emergencia sanitaria.

El gobierno debe considerar la prioridad del problema que plantean y proceder de inmediato, concluyen los voceros. Como parte del gobierno, la defensora del pueblo salta a la arena para ver cómo colabora desde su alto cargo.

Pero, ¿cómo ha sido la colaboración de la defensora del pueblo? Pide que el tema no se convierta en trajín político. Es un asunto sanitario y eminentemente especializado que no debe salirse de su cauce, afirmó. No es un asunto que competa a los políticos, sino solo a los funcionarios ministeriales que llevan a cabo un diálogo con los responsables de las clínicas.

Aunque hay crisis, aunque faltan muchos insumos y crecen los riesgos de los pacientes, reconoció, parece desproporcionada la declaratoria propuesta por los interesados. En suma, propone que se deje el cacareo y se esperen los resultados del trabajo que lleva a cabo el ministerio respectivo, cuyo titular “está haciendo un gran esfuerzo”.

¿A quién defendió la defensora en esta ocasión? No la emprendió contra los portadores de los reproches debido a la magnitud del problema que plantearon, imposible de ocultar, imposible de minimizar ante los ojos de la ciudadanía, pero tampoco se detuvo en la seriedad de sus planteamientos y en la justicia que reclaman en medio de la angustia. Prefirió hacerles un quite al ministro del ramo y a sus burócratas, como si no fueran los responsables del precipicio en el que se encuentran los asuntos de la salud colectiva. Prefirió llamar la atención sobre la existencia de un diálogo que arreglará las cosas, sin soltar siquiera un mínimo reproche sobre la incuria de un gobierno que ha provocado terribles urgencias, o aún la posibilidad de la muerte de numerosos venezolanos.

Pero la defensora no ocupa su cargo para defender al gobierno. No está en su despacho para ser el escudo de un ministro. No le pagan el sueldo para que le haga propaganda a un supuesto diálogo que producirá una próxima lluvia de medicamentos y de instrumentos para salvar la vida de la gente. Sus funciones no la obligan a mirar desde las alturas las penalidades de la población, sino exactamente a todo lo contrario.

Si considera en serio sus obligaciones, debe tomar partido por los portavoces de las urgencias populares, en lugar de distanciarse de ellos como ha hecho. Si sabe exactamente el papel que le corresponde de acuerdo con la ley y con el espíritu de sus funciones, debe hacer causa común con los reclamantes y presionar con seriedad al gobierno frente a una problemática ineludible.