• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Del cuadrante a la balacera

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No funcionan. No importa cuánta publicidad y cháchara comunicacional invierta el gobierno en convencer a la sociedad de que el Plan Patria Segura representa una forma de respuesta o solución al incremento de la delincuencia. La estrategia consistente en la creación de “cuadrantes de seguridad” no ha producido los resultados prometidos. A los venezolanos se les sigue asesinando, secuestrando, atracando y violando.

Es tal el estado de la criminalidad, tal su desborde, que ya no hay espacios protegidos de la acción de los delincuentes. Han desaparecido los lugares seguros: en aulas de escuelas y universidades y canchas deportivas de municipios y centros educativos; en consultorios y quirófanos de clínicas y hospitales; en pasillos de automercados y farmacias; en salas de cine, oficinas públicas y privadas, en funerarias, los delincuentes actúan con impunidad y ferocidad creciente. Todo sitio público está, en cualquier momento, disponible para que ocurra una balacera entre bandas de delincuentes.

Hay unas realidades que son las que el ciudadano constata todos los días: el Plan Patria Segura del gobierno sufre de espasmos. Su ritmo es el de las convulsiones. Está lejos, muy lejos de ser una política de Estado con operaciones regularizadas. Hay días en los que se observa la presencia de patrullaje en algunas zonas de Caracas. Otros, donde transcurren horas y horas sin que unidades o funcionarios aparezcan por los puntos diagnosticados como de mayor peligrosidad.

Los cuadrantes no se sostienen. Carecen de regularidad. No existe disciplina de cumplimiento. El lector que utiliza la avenida Boyocá de Caracas –conocida como Cota Mil– con frecuencia es testigo de esta escena: en vez de estar patrullando, los vehículos policiales permanecen estacionadas allí, mientras los funcionarios conversan sin apuro.

Tan importante para el Plan Patria Segura es convocar a ruedas de prensa donde Rodríguez Torres se complace en anunciar resultados y nuevos operativos, como evitar, al costo que sea, que los motorizados sean obligados a cumplir con la ley. La venezolana es una sociedad a merced de delincuentes que se desplazan en motos, lo que les permite diluirse y escurrirse en la masa de los trabajadores motorizados, es decir, delinquir y disfrazarse, matar y desaparecer en la colmena del tráfico de las grandes ciudades.

El espectáculo de la delincuencia viene aparejado a otro espectáculo, su contraparte: las bandas de guardaespaldas, el parque motorizado de última generación, los cascos brillantes, las armas mal disimuladas con el único propósito de exhibirlas, la agresividad con que detienen el tráfico y obligan a los conductores a abrirle paso a los capitostes del poder. Esos grupos de motorizados-espalderos, además, son portadores de un mensaje: dejan en claro que hay dos tipos de ciudadanos en Venezuela: alrededor de 30 millones sometidos al escarnio permanente de la delincuencia, es decir, al fracaso del cuadrante, y unos pocos miles que, protegidos por hombres armados, circulan tranquilamente por las calles de un país que ya no existe para ellos.