• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Un consejo más fresco

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Al parecer ha naufragado el diálogo entre los voceros del régimen y un sector representativo, aunque no del todo, de las fuerzas democráticas que le son contrarias. Con una derrota política para el primero y una pírrica victoria propagandística para el segundo, el virtual fracaso de las conversaciones no puede ser motivo de contentos o lamentos, sino de alarma porque enrarece un clima de entendimiento que podría haber favorecido la renovación, en términos de equidad y transparencia, satisfactorios para las partes interesadas, del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral.

Se trata de una asignatura pendiente a la que la Asamblea Nacional ha dado largas hasta el cansancio, de modo que funcionarios que deberían haber sido reemplazados hace ya más de un año continúan en sus cargos, violentando el espíritu de las leyes y sembrando dudas sobre las reales intenciones del PSUV y sus aliados de propiciar un ambiente de armonía, concordia o entendimiento que permitiese superar los conflictos que continúan desarrollándose, precisamente, por la falta de voluntad gubernativa para superarlos.

Se entiende que si se lograse salir del atolladero al cual lo condujo la ineptitud del comandante eterno, primero, y del pasajero subcomandante Maduro, después, la improcedencia del experimento socialistoide quedaría palmariamente al desnudo y ya no habría argumentos verosímiles para defenderlo.

La elección de magistrados y rectores del CNE (en especial a la trilogía femenina) es asunto delicado y urgente que no puede ser delegado en la aplanadora acostumbrada, haciendo de la cayapa método de escogencia, no por méritos, sino por alineación a los designios del ejecutivo, de aliados incondicionales, una práctica perniciosa como se desprende del sesgo persistente en los dictámenes emanados de la Sala Constitucional y que la han convertido en apéndice represivo del gobierno.

Hoy, más que nunca, es imperativo desafiar esa deplorable usanza, que desconoce la voluntad de más de la mitad de la población, y vindicar una elección justa y satisfactoria de las magistraturas y rectorías, especialmente de estas últimas porque de persistir la desconfianza en el poder electoral nos atrevemos a vaticinar un grado mayor de conflictividad de impredecibles consecuencias.

El liderazgo democrático está obligado a demandar la neutralidad del árbitro electoral; primeramente, reclamando la participación en el proceso de postulación de los candidatos a mediar en los comicios por venir de instituciones libres de sospechas, como las academias, la universidades o la Iglesia; seguidamente, auspiciando una regeneración integral del aparato burocrático del CNE que está en manos del PSUV, partido que -como lo denunció este diario el pasado 4 de mayo- mantiene al frente de 22 de las oficinas regionales del ente electoral a igual número de sus directores estatales y militantes de su organización.

Por último, exigiendo la inmediata actualización y modernización del organismo con la incorporación de técnicos especializados y profesionales de comprobada capacidad en materia de informática, estadísticas e ingeniería comicial, y no chapuceros programadores reclutados en Pdvsa, Cantv, Corpoelec y otras empresas públicas cuyas únicas credenciales son el carnet rojo y la obediencia servil.

Por supuesto que es mucho más fácil redactar un pliego de peticiones que lograr el cumplimiento de éstas; sin embargo, aunque la fe no mueva montañas, debemos creer en esa posibilidad como aliciente para desplegar una campaña nacional de tal magnitud que sea inmoral e inadmisible no responder a su clamor y acordar el adecentamiento institucional del Poder Electoral.