• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Dos citaciones

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Así se reescribe la historia: los regímenes totalitarios instituyen la mentira y el populismo como forma de gobierno y, cuando por ausencia de recursos ya no pueden ser populistas, utilizan como andamio para sostenerse la represión, la intimidación y la judicialización de la política. Hoy este periódico es víctima de una ofensiva judicial que contradice los principios fundamentales establecidos en la Constitución nacional y el corpus de leyes de la república.

El gobierno no se contenta con las amenazas anunciadas en sus medios de comunicación, ahora pasa a la práctica represiva porque se sabe prepotente y que ningún poder le puede reclamar sus arbitrariedades y llamarlo a la cordura.

Desde luego, con este tipo de faena a lo taurino, pretenden distraer a la población de sus falencias como gobernantes y de su responsabilidad en la depauperación en la calidad de vida de los venezolanos y de la ingobernabilidad que les afecta.

Ya hemos visto que, con el apoyo del sistema de justicia, hay estudiantes detenidos o sometidos a proceso; los alcaldes de San Diego y de San Cristóbal, sometidos a juicio, igual que Leopoldo López, entre otros, con el denominador común: violación de todas las garantías y principios procesales.

Todo concertado en la sala situacional del régimen que aconseja: Hay que lograr intimidar a la mayor cantidad de ciudadanos que ofrecen resistencia o disienten de las nefastas políticas que instrumenta el gobierno para que cesen las protestas.

Ahora la arbitrariedad y el abuso de autoridad lo sufren Alejandra Otero Ramia y Miguel Henrique Otero Castillo, a quienes la Fiscalía les ha enviado a la sede del periódico una “citación” para que comparezcan a declarar como testigos en la sede del Sebin. Este organismo de seguridad no tiene competencia para estas cosas, y si la tuviera no es precisamente para servir de alguaciles. 

La citación contra Alejandra Otero Ramia y Miguel Henrique Otero Castillo, y decimos contra porque vino acompañada de vis compulsiva y moral, la trajeron dos funcionarios de la policía política que ingresaron a la sede del periódico en moto y quebrantaron la garantía constitucional de inviolabilidad del domicilio (artículo 47), en un día no laborable y pasando por encima del personal de seguridad que resguarda las instalaciones de El Nacional.

Lo que más llama la atención de este emplazamiento es que la citación la ordena la Fiscalía, pero, en lugar de emplazar a los citados a su sede, los conmina a asistir a la del Sebin, lo que de por sí lleva una carga de intimidación y violencia, pues lo sensato es que sea en la sede de la Fiscalía donde deba tomársele la declaración a los testigos.

Lo anterior en conformidad con el principio de transparencia que alberga toda investigación, en concordancia con los deberes que rigen a esa institución (artículos 11 y 31 de la ley respectiva); pues, aun cuando es un organismo de apoyo en la investigación penal (artículo 25.5 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación), aquella es una institución de inteligencia y contrainteligencia; por lo que, en todo caso, debió comisionarse a toda costa a la policía científica (Cicpc) como organismo –por antonomasia– especializado en la pesquisa criminal.

Pero no, la violencia moral y la intimidación es la política del gobierno, de allí que utilicen cuerpos policiales a los cuales pertenecen miembros que están supuestamente involucrados en el homicidio de los estudiantes que protestaron el 12-F para infundir temor.

Todo esto aunado a que la citada Alejandra Otero Ramia es hija de nuestro presidente editor, y a él y al periódico es a los que pretenden intimidar. Viejo truco. El terror es la divisa del gobierno.