• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

Al instante

El atropello contra Ledezma

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

El régimen ha arrancado una nueva ofensiva feroz contra todo el que se ocurra pensar diferente a ellos, y para eso han dispuesto del aparato policial del Estado y de los colectivos para perseguir, intimidar y golpear a sus adversarios políticos, situación que no se veía desde la temida Seguridad Nacional de los tiempos perejimenistas.

Era un comportamiento represivo que creíamos superado si tomamos en cuenta que garantizar y respetar los derechos humanos es un mandato mundial reflejado en las resoluciones emanadas de la OEA y la ONU y aceptadas por Venezuela. Para mayor burla, Venezuela tiene un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aunque jamás obedezca sus mandatos.

La detención del alcalde metropolitano fue un operativo chapucero en el cual actuaron más de 100 efectivos del Sebin, que aparte de arrestar a Ledezma procedieron luego a destrozar su oficina.

Se necesitarían todas las páginas del periódico para narrar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra el alcalde Ledezma, tanto las referidas a la Constitución Nacional como aquellas contenidas en las normas internacionales que Venezuela ha aceptado y jurado cumplir. Basta recordar los casos de Leopoldo López y Daniel Ceballos para quienes el Grupo de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias exigió oficial y públicamente su libertad, petición que no ha sido cumplida bajo un criterio absurdo de soberanía esgrimido por los bolivarianos.

La Constitución de 1999 logró grandes avances en materia de derechos humanos pero, lamentablemente, no se cumplen aunque el gobierno se ufana al decir que actúan apegados a la carta magna y las leyes. La realidad es que somos un Estado forajido que actúa al margen de la ley.

La detención del alcalde metropolitano constituye una extralimitación de poderes por parte del presidente Maduro que, nada menos, asumió las funciones de policía, acusador, juez y carcelero de Ledezma pues, al igual que el resto de presos políticos, la justicia se dirige desde Miraflores y no desde el Palacio de Justicia.

Ledezma fue detenido sin una orden judicial, lo que viola claramente el artículo 44 de la carta magna. El respeto a su integridad física y moral establecida en el artículo 46 fue otro de los atropellos cometidos con un despliegue de más de 100 funcionarios y la destrucción de su oficina. Se trata de una violación del hogar y de todo recinto privado establecido en el artículo 47, pues el allanamiento a su sitio de trabajo fue hecho sin que existiera una orden judicial para ello.

También se olvidaron del debido proceso establecido en el artículo 49 por no conocer las razones de su acusación, ni de las actas que la sustentan.

Por ahora todos somos sospechosos en un país sin separación de poderes, con jueces que siguen órdenes de Miraflores, una fiscal general que no investiga, un defensor del pueblo que solo le gusta salir en televisión, todo ello aunado a un presidente que desconoce el arte del buen gobernar.