• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Como “arma” en pena
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Cuando ya el venezolano parecía estar curado de espantos y asombros, y por si fuera poco en medio de esta escasez que ha convertido el país en una suerte de desierto del Sahara, sin agua, sin luz y sin alimentos, sale un ministro, con grado de general además, a iniciar una campaña de desarme “voluntario” como si los malandros fueran idiotas y quisieran suicidarse a cambio de un saco de cemento.

El general, o ministro o pastor de almas, ofrece –según un despacho de la agencia AFP– “intercambiar voluntariamente armas por becas, medicamentos, intervenciones quirúrgicas o materiales de construcción”. Qué casualidad, el gobierno ofrece nada menos ni nada más que los productos que la gente necesita y no consigue por ninguna parte. ¿Cómo consiguió sacos de cemento en un país en el que la gente paga el triple o más si es que lo encuentra? La verdad es que esto huele a acaparamiento oficial por decir lo menos.

De acuerdo con la nota de AFP en Venezuela, “se calcula que hay un arma por cada dos habitantes”. Esto no tiene nada de raro, pues desde que el chavismo llegó al poder se dedicaron a repartir armas entre su gente con el pretexto de “defender la revolución”. Cualquiera que se tome el trabajo de investigar en el mercado internacional de armas se encontrará con la desagradable sorpresa de que Venezuela ha adquirido no solo armamento para las FANB: también para los cuerpos policiales, la Guardia Nacional Bolivariana, el Sebin y no pare usted de contar.

Basta con seguir las noticias en los periódicos para darse cuenta de que a cada momento, para desgracia de tantas familias, los malandros matan a los funcionarios policiales como una manera rápida y certera de apoderarse de modernas pistolas cuya capacidad de fuego supera la de un revólver de un simple agente municipal. Para colmo de males, ahora resulta que cualquier empleado público de cierta importancia va siempre acompañado de uno o dos guardaespaldas, al estilo de Al Capone en los años veinte en Chicago.

Como cualquier persona de al menos un dedo de frente sabe que la importación de armas de guerra está reservada al gobierno y más específicamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por lo demás, ningún ciudadano puede adquirir o poseer un arma sin el permiso correspondiente. Y adivinen, ¿quién concede los permisos? Los angelitos rojos del gobierno. De manera que el negocio queda en familia. Agréguele a esto que si usted es detenido portando un arma sin el permiso correspondiente, pues le sale pena de prisión por cinco años en esos hoteles cinco estrellas que regenta la ministra Iris.

Siguiendo con la información recogida por la agencia AFP nos encontramos con otras perlas del general Rodríguez: “Este plan tiene una duración de un año. Esperamos recoger muchísimas armas; cada arma que sale de circulación es una probabilidad menos de violencia, de muerte, de delito”. No hay dudas, cuando uno lee estas frases entiende que el ministro es un experto en estos temas. Habría que proponerlo como asesor en las Naciones Unidas.