• Caracas (Venezuela)

Editorial

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Ayer, cuando el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, reveló públicamente que dos conocidos militantes del chavismo –los ex presidentes de la Corporación Venezolana de Alimentos, CVAL, Heber Aguilar, y de Abastos Bicentenario, Bárbara González– “desviaban alimentos del pueblo hacia la comercialización privada”, los venezolanos recordaron de inmediato que, desde la fecha en que los militares tomaron en sus manos el control de la cadena de suministros de alimentos y de su venta al público en sitios improvisados al aire libre, no han cesado los escándalos de corrupción que involucran a integrantes de la FANB y el PSUV (cuando este partido apenas estaba en ciernes y ni siquiera pensara en convertirse políticamente en la columna vertebral del oficialismo).

Lo cierto es que corrupción militar y alto gobierno siempre han ido de la mano en el transcurso de estos años de tragicomedia chavista. Otra de las pícaras coincidencias es que los grandes escándalos han estado íntimamente vinculados con la importación y comercialización de “alimentos para el pueblo”.

Demagogia barata y comida barata han desfilado en perfecta formación no solo por los mercados, sino también por los tribunales de la República, incluso algunos casos han logrado llegar hasta el mismísimo Tribunal Supremo de Justicia.

Uno de esos casos fue el del general Víctor Cruz Weffer, ex comandante general del Ejército y jefe del Plan Bolívar 2000 y el Fondo de Desarrollo Urbano. Su caída fue sorpresiva, pues era hombre de confianza del presidente Hugo Chávez y gozaba de todo su apoyo. Sin embargo, una noche fue llamado a la comandancia y allí mismo se le relevó del cargo en una ceremonia casi secreta a la cual no asistió el presidente Chávez.

La rabieta de Chávez tenía su origen en la forma como se enteró de las andanzas de Weffer. Desde la embajada estadounidense se había filtrado una investigación sobre el origen de su presunta riqueza. Los gringos se preguntaban cómo un militar que no era rico de cuna ni narcotraficante hubiera acumulado una riqueza que se guardaba secretamente en paraísos fiscales.

Lo cierto es que la Sala Constitucional del TSJ ordenó el enjuiciamiento, sin prerrogativa alguna, del general Cruz Weffer por la presunta comisión de los “delitos de enriquecimiento ilícito y ocultamiento de datos en declaración jurada de patrimonio, a través de la administración irregular de fondos públicos asignados al Plan Bolívar 2000 y al Fondo de Desarrollo Urbano”.

La investigación contra Cruz Weffer comenzó en enero de 2002 a partir de los trabajos periodísticos sobre hechos de corrupción. Que el ministro González López haya descubierto el guiso cometido por los ex presidentes de la Corporación Venezolana de Alimentos (Heber Aguilar) y Abastos Bicentenario (Bárbara González) es solo un escándalo más en la larga lista de trapacerías rojas rojitas.