• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Yanomami

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Después de varios días de titubeos, el Gobierno decidió que era conveniente enviar una comisión oficial a la región selvática del estado Amazonas, para comprobar una denuncia hecha pública a principios de semana.


Se trata de la matanza de 80 seres humanos pertenecientes a la etnia yanomami, en julio, por un grupo de garimpeiros, es decir, mineros ilegales procedentes de Brasil.

Hace bien el ministro del Interior, Tareck el Aissami, al enviar a la zona en cuestión a funcionarios de la Fiscalía General, a personal del Cicpc y a integrantes de la Fuerza Armada, para que aclaren si es cierta la masacre denunciada por un diputado y por organizaciones no gubernamentales que conocen bien el terreno.

El ministro El Aissami dijo que, a través de la Guardia Nacional, se logró contactar a integrantes de siete comunidades que habitan esa selva fronteriza. Todos respondieron que no afrontaban problemas de violencia con garimpeiros.

Faltan por localizar otras dos que se mueven por lugares muy aislados, de difícil acceso. "Ojalá y Dios quiera que las que falta contactar estén también sin ningún tipo de situación ni violencia", dijo, con un suspiro, el ministro.

Y no es para menos porque después de la tragedia de Amuay, que causó más de 40 muertos (nunca se sabrá el número real de los que perecieron), centenares de casas destrozadas y expendios de alimentos saqueados, otra tragedia vendría a fortalecer la fama de candidato pavoso que arrastra el aspirante presidente a la reelección.

La comisión que anunció Tareck el Aissami debería ser fortalecida con integrantes de la sociedad civil o de las universidades que, si bien no son policías, pueden levantar un informe sobre las condiciones en que sobreviven las comunidades indígenas.

Además, el Gobierno ha perdido tanta credibilidad que esa comisión, por muy bien intencionada que sea, siempre será objeto de dudas y manipulaciones por ser este régimen uno de los más embusteros del continente.

Como bien lo recoge un despacho de una agencia internacional, la denuncia formulada por el diputado de la oposición, Andrés Avelino Álvarez, miembro de la Comisión de Pueblos Indígenas, indica que en la matanza ocurrida el 5 de julio apenas "sobrevivieron tres integrantes de la comunidad Irotatheri, en el municipio Alto Orinoco". Agrega que los indígenas fueron atacados desde un helicóptero por mineros ilegales que provenían de Brasil.

Sea lo que fuere, lo que importa es que en primer lugar, se investigue y se compruebe la presencia de bandidos brasileños que incursionan en Venezuela para cometer todo tipo de tropelías, desde violaciones hasta asesinatos masivos con bombas; y en segundo lugar, se obligue a la Fuerza Armada a ocuparse de la frontera y deje de vender verduras y frutas en los mercados que organiza el PSUV para obtener votos.