• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Visitantes y testigos

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La suspensión indefinida de la juramentación presidencial y la continuidad del equipo de gobierno que debía fenecer el 10 de enero recibieron la nada sorpresiva bendición del Tribunal Supremo de Justicia. Pero esa “santa palabra”, como la definió el vicepresidente, no fue suficiente, y se inventó una engañosa juramentación colectiva y personalista, ante el país y para el mundo, sobre la Constitución violentada.

Los actos de ese día fueron preparados procurando mover el escenario político de La Habana a Caracas; del entorno cubano que custodia al Presidente enfermo al espacio local de quien fuera propuesto por él para sucederlo.

Se puso mucho empeño en organizar la movilización en la calle con participación de invitados internacionales, así como en preparar la Declaración de Caracas para ser difundida en la cita con los representantes de gobiernos del Alba, de otros países y de socios de Petrocaribe.

Esa declaración, leída por Nicolás Maduro, dejó constancia de los deseos y carencias del Gobierno no juramentado en su afanosa búsqueda de confianza internacional. Allí se proclamó la solidaridad con Chávez como Presidente, el rechazo por intervencionista de cualquier recurso internacional respecto al funcionamiento de la institucionalidad democrática venezolana y se alertó sobre los posibles atentados contra esas instituciones. En suma: el blindaje de la inconstitucionalidad consumada y del desprecio al guión constitucional que el Presidente enfermo había respaldado al anticipar complicaciones en la evolución de su salud.

Si la mudanza de “Con Chávez todo, sin Chávez nada” a lo de “Chávez soy yo” ha requerido de tanta estratagema doméstica para asegurar la sucesión en Nicolás Maduro, internacionalmente el reto de su legitimación no es menor. Es así tanto por las implicaciones formales de la prórroga indefinida, como por las previsibles limitaciones del oficialismo para atender responsabilidades sustantivas de gobierno, dentro y fuera del país.

La poca asistencia o representación de presidentes en la cita del 10 de enero revela, por otra parte, los frágiles vínculos internacionales que deja el ejercicio de una política exterior de afinidades, reparto de recursos y asignación de contratos como si fuesen a título personal.

En los actos de Caracas intervinieron, desde el tono más intervencionista y ofensivo hasta el más comedido, los presidentes Daniel Ortega, Evo Morales y José Mujica. Rafael Correa se mantuvo a distancia, mientras Cristina Kirchner prefirió ir a buscar certezas en La Habana.

Respecto a Brasil, cuya palabra importa mucho a los herederos, vino el silencio después de las imprudencias del asesor Marco Aurelio García, y fue Maduro quien llamó a Dilma Rousseff para explicarle la sentencia del Tribunal Supremo.

Al final, tantas palabras y silencios multiplican la incertidumbre sobre la legitimidad y responsabilidad internacional del Gobierno venezolano.