• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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¿Viene más represión?

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Este es el estado de las cosas en nuestro país, aquí y ahora: por una parte, se incrementan las protestas de los ciudadanos en todas las regiones; por la otra, se multiplican y afinan los mecanismos de la represión contra quienes protestan. Que en Venezuela, de acuerdo con lo reportado por Provea, haya más de 3.000 ciudadanos procesados por manifestar es una comprobación indiscutible de que este régimen no es democrático, y que el conjunto de la sociedad venezolana, en particular las fuerzas que mantienen una firme lucha por las libertades, tienen por delante el desafío de caracterizar qué clase de régimen mantiene el poder en Venezuela: ¿acaso una nueva modalidad de dictadura, una neodictadura?

Una cuestión esencial del fenómeno es la tendencia que señala un auge de manifestaciones que reclaman al Gobierno nacional o a los gobiernos locales el incumplimiento de sus responsabilidades o promesas. No sólo se protesta en las capitales de los estados, sino también en pueblos y pequeñas ciudades. En la medida en que se multiplican las fuentes generadoras de malestar por la inseguridad o la crisis de los servicios públicos, también se hace evidente una mayor disposición entre los ciudadanos a organizarse y protestar, de muchas maneras. Es importante observar que la cantidad de protestas supera con creces las cifras reportadas: a menudo ocurren reclamos que no alcanzan a proyectarse como noticias y no llegan al espacio de la opinión pública.

Una cuestión se plantea de forma urgente en Venezuela: ¿tiene límites la represión o lo que cabe esperar es su aumento en los próximos tiempos? La pregunta es necesaria y pertinente: en la medida en que los gobiernos no den soluciones a las comunidades, inevitable será que las personas apelen al derecho de protestar. Varios artículos de la Constitución garantizan este derecho, pero ello, cada vez más, es desconocido o negado por un poder que insiste en hacer uso de la fuerza para contener a la sociedad que exige un cambio.

Este circuito, dos veces pérfido para los ciudadanos, según el cual los gobiernos desconocen sus obligaciones como gobernantes, pero también impiden que las víctimas de sus omisiones y errores ejerzan su derecho de reclamar, es la expresión de una corriente más profunda, que exige una reflexión sosegada y responsable, que se refiere al cambio político en Venezuela.

Cualquier observador de nuestra realidad de todos los días puede compartir esta conclusión: la mayoría de la sociedad venezolana, los más diversos sectores y comunidades, de forma espontánea o con algún nivel de organización, exigen un cambio. Un cierto hartazgo, una sensación de que no es posible continuar por este camino de absurda destrucción del país se extiende indetenible.

El país cansado es mayoría. Lo más probable es que ese país continúe en actitud de exigir cumplimiento. ¿Cuál será la respuesta del régimen? ¿3.000 expedientes más? ¿30.000, 3 millones de expedientes, como ocurría en los países comunistas, donde hasta casi 20% de la población llegó a estar fichada por los cuerpos policiales?