• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Universidad (in)necesaria

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Cada vez que se produce una nota discordante en la absurda sinfonía que intenta interpretar la orquesta gubernamental para mostrarse al país como un equipo coherente, nos damos cuenta no sólo de la falta de sintonía entre las instancias alojadas en el edificio burocrático, sino de su manifiesta incapacidad para simular siquiera cierta coherencia en el ejercicio de ese mando que ejercen como si se tratase de un premio gordo de lotería y que suscita tanta pena ajena.

Es una incapacidad ampliamente compensada con su facilidad para distorsionar los hechos, ya sea mintiendo, a lo cual nos tienen acostumbrados de Maduro hacia abajo, urdiendo insólitas conspiraciones para entretener a los medios y desviar la atención de la opinión pública de los problemas reales, o generando impasses para luego lavarse las manos en asuntos que les conciernen, pero que no quieren o no pueden asumir porque no tiene la menor idea de cómo hacerlo.

Tal es el caso del estira y encoge generado en torno a la cuestión de la seguridad en el Hospital Universitario de la UCV y sus evasivas al respecto para endilgar responsabilidades a quienes no las tienen y escurrir el bulto de sus obligaciones.

Mucho antes de que se derramara el vaso con la sangrienta gota de los asesinatos ocurridos en el interior de un quirófano, el gobierno, empeñado en su cruzada antiuniversitaria, se las ingenió para que el TSJ proscribiera las instalación de los portones -ya previstos por Carlos Raúl Villanueva- en los puntos de acceso a la máxima casa de estudios del país, los cuales facilitarían ejercer control sobre el flujo de visitantes, no sólo al hospital en particular, sino al campus en general.

Por si fuera poco, el alcalde Jorge Rodríguez se hace el musiú sobre el malestar urbano generado por la proliferación de buhoneros y mototaxistas en las adyacencias del centro asistencial que es sede de la Escuela de Medicina Luis Razetti, pero que ha sido adscrita al Ministerio de de Salud, entidad de la cual depende, con el resto de los 299 hospitales públicos que medio funcionan en el país y que carecen de insumos y equipos para la atención mínima de los pacientes.

Esta ambigüedad ha facilitado que, para el hampa común y los colectivos, el hospital de la ciudad universitaria haya devenido en su particular centro de urgencias, su lugar para curar baleados y apuñalados en reyertas y ajustes de cuentas sin tener que rendir declaraciones a los organismos policiales.

Esto lo sabe y tolera el ministro de Interior, Justicia y Paz, general Rodríguez Torres, quien, pescando en río revuelto, encuentra en sus fallas de seguridad, una oportunidad que ni pintada para vulnerar la autonomía de la universidad democrática metiendo patrullas y policías dentro de la UCV. A este general se le olvida que el hampa se robó hace poco 40 pistolas y municiones a granel de Conejo Blanco, corazón militar de Caracas.

Las autoridades sanitarias y la rectoría de la universidad han acordado suspender la sala de emergencia hasta tanto no haya garantías de vigilancia en el recinto hospitalario; pero el ministro de Salud, Francisco Armada, quiere forzar su reapertura arguyendo hipócritamente que peligran los estudios de posgrado, lo cual no es cierto.

La rectora Cecilia García Arocha ha dejado claro que lo ocurrido es parte de una política de agresiones que ya suma 91 ataques perpetrados en 6 años contra la UCV, todos denunciados ante el Ministerio Público. No nos extrañe que, más temprano que tarde, salga un cantamañanas a revelar que las autoridades universitarias son espurias, pues sus periodos se vencieron; pero resulta que la comisión electoral universitaria llamó a comicios y el TSJ los suspendió. Y es que, en revolución, la universidad no parece necesaria.