• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Trabajo sucio

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Se ha hecho público lo que el país sospechaba: en el Ministerio Público hay fiscales especializados en “criminalizar a los adversarios del gobierno”. Así se infiere de las declaraciones suministradas a este diario por Walter Márquez, diputado a la Asamblea Nacional y ex embajador en la India.

Dice el curtido político tachirense, a propósito de “la ocupación del Complejo Turístico Perlamar, (desarrollo que tiene 96% de avance y más de 110.000 metros de construcción) del empresario Parsifal D’Sola, principal accionista”, y con el conocimiento de causa de quien alguna vez fue compañero de ruta de los sedicentes castro-bolivarianos, que “utilizan para materializar esta iniciativa a la fiscal 20 Nacional con Competencia Plena, Katherine Harrington”.

Esta funcionaria, en opinión de Márquez, se ocupa de inculpar a quienes el Ejecutivo ordena perseguir, acusar y condenar, y (siempre de acuerdo con el declarante) tiene en su haber, entre otras muchas actuaciones, imputaciones a Tamara Sujú (Foro Penal) y Juan Rodrigo Diamante (Un Mundo sin Mordaza), así como la supuesta autorización al Sebin para que pinchara los teléfonos de María Corina Machado por un supuesto complot para asesinar a Maduro.

Con un abultado currículo -que en otras circunstancias políticas acarrearía, según Márquez, un juicio “por prevaricato”- Katherine Harrington es la cara visible de una maniobra para hacerse de la propiedad ajena. No otra cosa presagia la ocupación por la GNB de las instalaciones del Hotel Perlamar, un proyecto sin par en el Caribe y realizado, en su totalidad, con financiamiento de la banca venezolana.

Es lo que suele suceder con las revoluciones que estrangulan el aparato productivo y no tienen más opción que incautar el producto del trabajo de otros sin saber cómo hacer uso adecuado de lo que expropian.

Siguiendo el ejemplo de lo que sucedió con el Habana Hilton en Cuba, el chavismo se hizo con una serie de hoteles que eran administrados por reconocidas operadoras turísticas internacionales, para ponerlos en manos de burócratas cubanos, enquistados en Venetur, que ni siquiera se ocupan de mantener en buen estado las instalaciones.

Ante un conjunto como Perlamar, la administración madurista no podía permanecer de brazos cruzados y puso en marcha los engranajes de una maquinaria manipuladora de la justicia para, una vez más, burlar el derecho a la propiedad privada y ocupar terrenos y edificios que no le pertenecen, pero que le apetecen.

Lo que se supone iba a ser el gran hotel de Nueva Esparta es objeto de la codicia y avaricia oficiales y se expresa en la escandalosa expoliación que se ejecuta en la zona de Playa Guacuco. Todo esto fundado en alegatos deleznables, para enterrar así la industria turística margariteña.

Los insulares no olvidarán el nombre de Katherine Harrington; al contrario, al escucharlo recordarán que siempre hay alguien dispuesto a hacer el trabajo sucio de quienes simulan, con sus manos limpias y sus caras bien lavadas, chapotear fuera del lodazal.