• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

Al instante

Tormenta sobre Barlovento

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

No le va a resultar fácil al gobierno del señor Nicolás Maduro salir del grave aprieto en el cual lo han metido, de pata y cabeza, sus colaboradores inmediatos en asuntos de seguridad y represión, casi todos ellos militares de alta graduación que, sin tener la formación ni la facultad para ello, se han puesto al margen de la ley y del respeto a los derechos humanos como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Esa carta magna no autoriza a las fuerzas armadas a perseguir bandas criminales ni a detener a ningún ciudadano por muy sospechoso que sea sin que exista una orden precisa de la fiscalía o de los tribunales, y mucho menos cuando en la zona de Barlovento, en el estado Miranda, operan tanto la Policía Nacional Bolivariana como la Policía de Miranda, las dos con amplia experiencia y formación. No olvidemos también que existen las policías municipales que pueden cooperar en labores de inteligencia y rastreo.

En todo caso, y viendo las consecuencias nefastas de enviar a los militares a perseguir ladrones y secuestradores de poca monta (los verdaderos bandoleros operan en las fronteras y están armados por el narcotráfico y la guerrilla colombiana), habría que preguntarse de quién fue la brillante idea de enviar la tropa a realizar tareas para las cuales no están preparadas y que, como ha sucedido en otras oportunidades, terminan en tragedias familiares y masacres de inocentes ciudadanos a mano de soldados inexpertos.

Como bien lo dijo ¡al fin, alabado sea el Señor! el defensor del pueblo y lo reafirmó la fiscal general, los civiles asesinados en Barlovento por tropas del Ejército “no tenían antecedentes penales” que los marcaran como sospechosos “ni estaban cometiendo delito alguno al momento de su arresto”. Pero incluso si hubiesen tenido antecedentes penales, eso no significa que carecieran del derecho a la vida y estuvieran exentos del debido proceso.

La fiscal general, Luisa Ortega, ha dado pasos suficientemente importantes en su proceder que, sin duda, trasmiten seriedad y firmeza en el esclarecimiento de esta masacre. Sabe que cuando las investigaciones concluyan, o quizás antes, varias cabezas de altos mandos militares rodarán por los suelos, sin esperar perdón alguno. De allí que haya advertido con sus declaraciones que la Fiscalía tiene el toro agarrado por los cuernos.

Ayer, por ejemplo, reveló que varios de los cuerpos de los campesinos asesinados “estaban desmembrados... Las autopsias revelaron la forma cruel como fueron ejecutados”, señaló la fiscal en declaraciones a Venevisión, recogidas por la agencia AFP. “Tenemos tres testigos protegidos... y ya solicitamos la privativa de libertad contra 12 funcionarios del Ejército. En este momento están privados de libertad 10 de ellos”, afirmó.

En la entrevista concedida al canal de televisión, la fiscal Ortega dejó bien claro que “si bien es cierto que deben realizarse actividades para combatir la criminalidad, estas no pueden desarrollarse de manera compulsiva y violenta contra toda una población y, sobre todo, contra los más vulnerables e indefensos. Sería criminalizar a los más pobres”.