• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Sapos y serpientes

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La debilidad de un régimen queda de manifiesto en la medida en que usa la represión para acallar las voces disidentes empleando métodos sucios y despreciables. A medida que pasan los meses, este gobierno ha perdido la poca vergüenza que le quedaba y no sólo arremete contra la oposición, sino contra sus seguidores, como está ocurriendo con los obreros de Sidor.

Esta cadena de atropellos se extiende con la velocidad de un virus que todo lo infecta, que no respeta sexo, edad, posición social o estado civil, que no se detiene ante nada. Ahora van tras los medios de comunicación y las empresas privadas usando los mismos métodos vacíos de toda legalidad.

Hace dos días, en Caracas y Margarita, comisiones de la GNB irrumpieron en las sedes de una empresa constructora en el área de turismo, fundada hace más de 25 años por venezolanos intachables, dedicada a invertir en la isla a través de bancos nacionales y con asesoría y control de prestigiosas firmas internacionales debidamente acreditadas en Estados Unidos y Europa.

De acuerdo con los GNB que participaron en esta acción ilícita y desproporcionada, el objetivo era encontrar un laboratorio donde se procesaba y almacenaba droga. Semejante dislate intentaron justificarlo con una orden garabateada por un fiscal cuyo nombre no aparece claramente escrito por ninguna parte.

Lo extraño es que estos “comandos” (que llegaron a las diez de la mañana a las oficinas de la empresa en Caracas y se fueron doce hora después) no se dirigieron a los galpones, a los depósitos o a los maleteros, sino que se encaminaron como cohetes hacia los archivos de la compañía, los libros de contabilidad, las facturas y recibos, los documentos internos y la correspondencia privada.

Con ello pusieron de manifiesto sus verdaderas intenciones (las del gobierno) que no eran otras que tratar, a toda costa, de encontrar alguna irregularidad administrativa o impositiva, o algún origen extraño en los capitales invertidos. No encontraron nada porque nada podía encontrar en una empresa que, durante décadas, sólo se ha relacionado con la banca venezolana, cuyas operaciones financieras son constantemente fiscalizadas con la orientación de firmas internacionales.

¿Qué buscaba el gobierno con este cantinflérico allanamiento? Nada que no fuera arremeter contra los accionistas de la empresa, quizás con la intención de vincularlos con el narcotráfico o el lavado de dólares, exponerlos al desprecio público y armar un juicio lleno de triquiñuelas y falsedades. Estamos ante una nueva forma de arremeter contra la oposición y los empresarios que no bailan al son del gobierno.

Los gerentes de la compañía, altos oficiales en retiro que sufrieron represalias en sus carreras de parte del chavismo precisamente por ser honestos, fueron citados a la ONA y allí, luego de un trato cordial y de tres simples preguntas, les dijeron: “Pueden irse, no entendemos por qué los molestaron. Sabíamos que allí no había nada escondido”. ¿Y entonces?