• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Reclamación maltratada

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La cancillería guyanesa ha expresado su condena enérgica ante una acción de la Armada Bolivariana de Venezuela, y colocó el asunto en el terreno de los peligros para la paz regional, además de afirmar ante Venezuela derechos de soberanía. Lo hizo ante la actuación de la fragata venezolana Yekuana que, el jueves, impidió las labores de exploración petrolera que el gobierno de Guyana autorizó a la empresa estadounidense Anadarko Petroleum. El RV Teknik Perdana, con sus tripulantes, fue escoltado y retenido en la isla de Margarita.

Esto es lo que nos es dado saber a partir de lo difundido rápidamente desde Georgetown. A la espera de las mayores precisiones que deberían ofrecer las autoridades venezolanas, hay varios comentarios ineludibles que conviene hacer de inmediato.

La ruda nota guyanesa asoma para los venezolanos una buena noticia: la Armada ha hecho su trabajo, al menos en este flanco y aspecto de nuestra soberanía territorial. Una vez clarificados los detalles sobre la ubicación del buque petrolero, esa noticia podrá ser mejor ponderada: sea que la nave estuviese ubicada en la proyección marítima de la zona en reclamación y, mucho más, si fue sorprendida en actividades sobre la fachada atlántica venezolana que no está en discusión. En todo caso, ha habido denuncias en Venezuela, a cual más preocupante, que hacen verosímiles las dos posibilidades y, de esta noticia, una buena señal.

La ruda nota ha sido también una sacudida para las posturas gubernamentales evasivas que, escudándose en el respeto a las formalidades de los buenos oficios, han desatendido desde 1999 el fondo de los compromisos del Acuerdo de Ginebra de 1966. Entre ellos destaca el siguiente:

“Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este Acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial (…) ni para crear derechos de soberanía en dichos Territorios, excepto en cuanto tales actos o actividades sean resultado de cualquier convenio (…) aceptado por escrito por el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de Guyana”.

Mientras tanto, el gobierno guyanés ha avanzado en acuerdos de delimitación de áreas marinas y submarinas con otros países y en emprendimientos petroleros que no solo desconocen la proyección del territorio en reclamación, sino la del Delta del Orinoco.

Es el caso, en suma, que el gobierno venezolano ha pecado de graves omisiones desde 1999: por lo que ha callado y por lo que ha otorgado. El propósito difícilmente ocultable para propios y extraños ha sido contar con apoyos al régimen, a cualquier costo para el país. Este incidente asoma en buena medida las graves consecuencias que para el gobierno y el país ha tenido la acumulación de silencios, no obstante las reiteradas advertencias sobre las consecuencias jurídicas, económicas y estratégicas de tan toscos cálculos.

Ojalá la nota de protesta de nuestra Cancillería  marque el inicio de una política dispuesta a enmendar tanta omisión y tanto silencio.