• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Pruebas fraguadas

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Recientemente, el ciudadano Pedro Mario Burelli fue acusado de promover un magnicidio. Frente a las cámaras de la televisión se le asoció a un complot con el objeto de acabar con la vida del presidente Maduro. Partiendo de una supuesta investigación de los mensajes electrónicos que envió a unos compañeros que comparten su descontento con el régimen actual, los promotores de la acusación no vacilaron en involucrarlo con un plan de asesinato que podía conmover los fundamentos del régimen.

Tampoco dudaron en pedir un proceso penal que lo llevara a pagar la pena por el monstruoso plan. Todos lo vimos por la televisión, pues se buscó la hora del mediodía, después de anunciar previamente la posibilidad de una noticia conmovedora, para captar gran audiencia.

La acusación no fue hecha por un cualquiera. El alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, rodeado por el Alto Mando Político de la Revolución, ventiló la historia y la quiso probar mediante la lectura de unos tenebrosos mensajes que el ciudadano Burelli enviaba o recibía.

Como portavoz de las figuras más conocidas del chavismo (el vicepresidente, el presidente de la AN, ministros, diputados y gobernadores que lo acompañaban) no solo fue enfático en la difusión del anticipo de crimen que se había descubierto, sino que retó al sospechoso para que desmintiera los testimonios que presentaba ante la ciudadanía.

Ahora no solo conviene detenerse en la magnitud de una acusación grave y capaz de preocupar a la sociedad toda, sino también en la calidad del acusador y de quienes lo acompañaron en la escena: representantes de los altos poderes públicos, funcionarios de elección popular, figuras relacionadas con la cúpula de la revolución bolivariana, esto es, lo más granado del aparato gubernamental.

Debido a la importancia del elenco, era lo más adecuado suponer que presentaban una acusación seria, que actuaban un capítulo caracterizado por la indiscutible solvencia de los testimonios que ofrecían, que se atrevían a retratarse en grupo con la seguridad de dejar constancia de un suceso grave frente al cual se debía actuar con la contundencia que merecía.

Sin embargo, el ciudadano sometido de tal manera a la vindicta pública se ha encargado de demostrar que el encumbrado elenco representó una descarada farsa. Pidió una investigación en la empresa que administra el sistema de correspondencia electrónica y contrató peritos que gozan de reputación a escala universal, para que confirmaran si él había escrito los correos que lo incriminaban, según la versión de Jorge Rodríguez y compañía.

Después de una averiguación objetiva y exhaustiva, la empresa y los peritos, que no tienen relación con la política venezolana y solo se dedican a desarrollar sus actividades en términos profesionales, llegaron a una conclusión incontrovertible: tales correos, o la mayoría de ellos, no salieron de la cuenta del usuario que solicitó la averiguación. Desmiéntame, señor Burelli, dijo y repitió con insistencia Rodríguez cuando presentó su acusación. Está desmentido, benemérito alcalde.

Salta a la vista la gravedad del episodio: un grupo de figuras fundamentales del régimen montan un espectáculo para acusar sin pruebas a un ciudadano, mienten sin pudor frente a la vista de la ciudadanía, juegan a su antojo con la reputación de un venezolano, como si las leyes y la decencia no los obligaran a caracterizarse por conductas ajustadas a las normativas y a la decencia republicana. Un hecho escandaloso, un suceso vergonzoso que mucho dice de sus protagonistas.

Lo peor quedará al descubierto cuando comprobemos que en nada cambiará la actitud de los acusadores, quienes seguirán mintiendo y ultrajando a sus rivales debido a que están protegidos por la impunidad.