• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Presos sin voto

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Si hay un grupo excluido de la sociedad, ellos son los venezolanos que están privados de libertad en las cárceles del país. No sólo viven el horror que significa estar en esos centros de reclusión, sino que son sometidos a constantes violaciones de sus derechos humanos.


En vísperas de las elecciones presidenciales hemos visto con preocupación cómo los integrantes del Consejo Nacional Electoral se han hecho los locos con la votación de los hombres y mujeres que se encuentran privados de libertad y les están negando vilmente su derecho al voto.

A quienes tienen una sentencia definitiva se les obstaculiza ese derecho por una decisión absurda del Poder Judicial que, en 100 años y a pesar de los avances en derechos humanos, no ha logrado superar ese punto negro. La privación de la libertad sólo excluye el libre tránsito fuera del recinto carcelario, pero todos los demás derechos ciudadanos siguen intactos.

En Venezuela, el CNE a estas alturas aún no tiene claro cómo garantizar la transparencia de las elecciones en las cárceles y los mecanismos que van a funcionar para otorgarle el derecho al sufragio a los privados de libertad.

En apenas 26 prisiones funcionarán las mesas electorales, a pesar de que contamos con 34 cárceles, es decir, 8 recintos fueron excluidos por el CNE de un plumazo. Las brujitas oficialistas saben que en las cárceles no gana el Gobierno: de allí la medida para darle un empujoncito al comandante. Igual hicieron con los venezolanos de Miami y los mandaron a votar bien lejos: así cualquiera gana. Hay que vigilar a las brujitas porque comen como el zamuro, dando un picotazo aquí y otro allá.

¿Cómo se explica que el CNE no haya realizado un censo en las cárceles para saber quiénes tienen derecho al voto? Por lo menos 75% de la población penal está sometida a proceso, es decir, no tiene sentencia. Constituyen un universo de aproximadamente 30.000 reclusos que tienen el legítimo derecho de sufragar.

Tampoco han convocado a los partidos para que designen los testigos que van a ser vigilantes del voto dentro de las cárceles, y evitar las trampas en esos espacios donde la transparencia del sufragio es escasa.

Parece que Tibi y su combo le quieren jugar quiquirigüique a los privados de libertad y no sólo negarles su derecho, sino que tal vez esos votos se los piensan endosar al jefe de la revolución para decir que las cárceles son roja rojitas y no de sangre sino de votos. Los presos tienen el derecho al voto, por lo menos los procesados que suman más de 30.000, y el CNE tiene que actuar para que esos ciudadanos elijan al nuevo Presidente. La MUD y los partidos de oposición deberían estar pendientes de vigilar y exigir la instalación de mesas electorales en todos los centros penitenciarios.


En unas elecciones reñidas, allí podría estar la diferencia y por ello el seguimiento y la vigilancia de esos recintos es de suma importancia.