• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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¿Presos envenenados?

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Nuevamente la cárcel de Uribana nos sorprende. Recordemos que a comienzos de 2013 una masacre comandada por la Guardia Nacional dio muerte a más de 60 reclusos, un suceso sangriento que el Ministerio Público no investigó ni mucho menos consiguió responsables.

Ahora la misma cárcel de Uribana, esta vez convertida en el modelo de buenas prácticas penitenciarias y donde según la ministra Iris Varela el creado por ella “Régimen Cerrado” (que no es otra cosa que un régimen de torturas y violaciones de los derechos humanos de los reclusos), se vive uno de los más atroces y macabros crímenes jamás visto en las cárceles venezolanas: 38 reclusos han sido víctimas de un envenenamiento lo que les provocó la muerte y más de 100 permanecen en estado delicado de salud.

La situación irregular nos sorprende a todos, aun cuando ya estamos acostumbrados al caos que se vive en nuestras prisiones. Pero lo más sorprendente es que en un país donde no hay medicamentos de ningún tipo, en esta cárcel haya habido un almacén de medicinas con las que supuestamente se preparó un cóctel de la muerte.

Es importante destacar que en la historia penitenciaria venezolana y latinoamericana un hecho como este, de un envenenamiento masivo de reclusos, jamás había ocurrido. Ni siquiera en las cárceles de Rusia cuando Stalin, en China con Mao o en Cuba con el verdugo de Fidel Castro, que ha matado más gente que el cáncer.

Es muy difícil entender que decenas de reclusos se hayan puesto de acuerdo para ocasionar un harakiri colectivo y envenenarse para causar su muerte, este es uno de los puntos principales que se deben investigar porque todo hace pensar que no nos están contando la verdad de este asesinato masivo en Uribana.

La Fiscalía solicitó detener a Julio Cesar Pérez, director de la cárcel de Uribana, que infinidades de veces había sido denunciado por privados de libertad de ese recinto carcelario y sus familiares por los constantes maltratos, torturas, violaciones de los derechos humanos de los reclusos ante la indiferencia del Ministerio del Servicio Penitenciario y su ministra. Esta actitud convierte a Varela en presunta cómplice y defensora de este violador de derechos humanos que formaba parte de sus más cercanos colaboradores.

En un país serio donde la justicia funcionara y no se acomodara a las órdenes que se dan desde el Palacio de Miraflores, lo más seguro es que la ministra ya hubiera sido destituida y estaría acompañando al ex director de la cárcel de Uribana en su sitio de reclusión, por estas aberrantes violaciones de los derechos humanos.

Los venezolanos esperamos que, en este acto de barbarie ocurrido en la cárcel de Uribana que ocasionó la muerte de más de 35 reclusos, se haga justicia y no ocurra al igual que la masacre de 2013 en la cual nunca hubo responsables. Ojalá Maduro no diga, como siempre, “yo no fui” y se ponga a silbar al pajarito.