• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Piloto automático

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En 1998 el flamante presidente Chávez rasgaba sus vestiduras para, en tono regañón, dictar lecciones de ética y denunciar lo que llamó “uso inmoral de los aviones de Pdvsa”. Un año más tarde anunció el remate de ocho unidades aéreas propiedad de la nación y su intención de comprar un nueva para ser utilizada, con carácter de exclusividad, por la Presidencia de la República (que a la larga no fue así porque más de una aventón se dio a mandatarios y funcionarios extranjeros, especialmente cubanos), lo que ya presagiaba lo irresponsable que iba a ser el manejo del dinero público por parte de su administración.

De acuerdo con las revelaciones que ha venido entregando El Nacional a sus lectores, ese “uso inmoral”, no solo de la flota aérea de la petrolera sino, en general, del parque aeronáutico estatal, es ya práctica común en un régimen carcomido por la corrupción.
El viaje de Jaua, sus familiares y su niñera a Brasil pareciera responder a lo que los funcionarios rojos consideran un derecho adquirido para disfrutar, a placer, plenitud y discreción, de los bienes del Estado con fines recreativos. Con los nuevos documentos y planes de vuelo publicados por este diario, ha quedado demostrado que los integrantes del alto gobierno usaron profusamente las aeronaves oficiales para su esparcimiento y el de sus parientes y amigos.

En 2002 un piloto al servicio de Chávez había denunciado el uso de aviones oficiales para reuniones del MVR, de modo que el peculado de uso es de vieja data y moneda corriente.

Y lo peor es que Maduro, a través de la creación de leyes e instancias burocráticas de dudosa constitucionalidad, finja estar luchando contra un mal endémico de esta farsa revolucionaria y, por lo visto, incurable, pues la justicia no se ocupa de sancionar a quienes sacan su tajada de la cosa pública, sino de perseguir a la oposición.

El cinismo y la hipocresía con que el mandatario y su corte tratan de justificar el daño patrimonial causado a la nación debe enardecer a la militancia honesta y crédula del PSUV que, todavía, no se ha unido a la desbandada propiciada por la putrefacción de su liderazgo civil y militar (o militar y civil, para ponerlos en el orden de importancia real que tiene estos estamentos en la Venezuela de hoy).

Ese cinismo y esa hipocresía se patentizan en la desfachatez de la contralora general encargada y eterna, cuando aduce que un informe de Transparencia Internacional, en el que se coloca a Venezuela entre los países más corruptos del globo (y puntero de la región en materia de manejos dolosos, trapisondas, comisiones y otras modalidades de enriquecimiento ilícito) “ofende el gentilicio nacional” y malicia que tal informe es parte de la cacareada “guerra mediática y económica” y otros bla-bla-bla al uso de la jerga defensiva del Ejecutivo, a cuyo servicio, a juzgar por lo que dice, estarían la eterna contralora González y una institución desnaturalizada en sus funciones y guiada por el piloto automático de la lealtad mal entendida.