• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Periodistas en la mira

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Ha cumplido ya un año lo que muchos consideran, si no un gobierno de facto, cuando menos un mandato signado por el estigma de la componenda para oficializar en la Presidencia de la República a quien, a falta de una rigurosa auditoría electoral, sigue buscando un reconocimiento que tarda en llegar, y en cuya procura ha abusado de sus atribuciones para encadenar, casi a diario, la televisión y la radio sin nada qué decir ante situaciones que superan sus talentos y capacidades.

Esa comparecencia continuada en la pequeña pantalla que hace de él un huésped alienante, un indeseado invasor de los hogares venezolanos, no es producto solamente del afán de emular a su antecesor en materia de omnipresencia, sino que responde a la necesidad de restregarnos en la cara que la hegemonía mediática no se limita a monopolizar medios impresos y audiovisuales, sino a disponer a placer de los que aún no le pertenecen al Estado que, para los rojos, es lo mismo que gobierno.

Ha cumplido un año, apoyado en ese casi total acaparamiento del espectro radioeléctrico y televisual que le permite creer en la posibilidad de tapar el sol con un dedo cuando, mediante estricta censura y brutal represión, intenta silenciar y hacer invisibles las protestas que, durante estos últimos dos meses, le han dicho un no rotundo a su propósito de imponer las ideas importadas de Cuba, reflejos hediondos y tardíos de un socialismo que hace más de dos décadas se derrumbó con el Muro de Berlín.

A lo largo de este su primer año de gobierno, el señor Maduro y su comandita se han convencido de que controlar a los medios les confiere la potestad de decidir sobre los destinos y bienes de los periodistas, y, probablemente, no solo les parezca normal, sino indispensable aterrorizarlos mediante una política de acoso. Desde el 12 de febrero, y de acuerdo con lo denunciado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, se traduce en decenas de agresiones, torturas, robos y detenciones.

Desglosados por su secretario general, el sindicato de la prensa precisa que se trata de 82 casos de hostigamiento, 40 de agresiones físicas, 35 de robos o destrucción del material de trabajo, 23 detenciones y un herido de bala. Sin contar con un secuestro que tiene a Venezuela en vilo y cuya autoría se sospecha corresponde presuntamente a los grupos violentos apadrinados por oficialismo.

Se calcula que 60% de estos atropellos es responsabilidad de funcionarios del Estado venezolano, concretamente de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, las policías de los estados Zulia, Aragua y Nueva Esparta, y funcionarios de la Alcaldía del Municipio Caroní, en Bolívar.

Colocar a los periodistas en la mira militar y policial es parte de un plan maestro del cual también forman parte la adquisición de medios por testaferros o su cierre por falta de insumos, como es el caso del papel para cuya adquisición se han negado obstinadamente las divisas necesarias, no para satisfacer a las empresas editoras o transmisoras, sino a una población que, tal como lo establece en artículo 58 de la Constitución que hizo aprobar Chávez en 1999 y después le quedó chiquita, “tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura”, lo cual no es posible cuando el flujo de noticias depende de un solo emisor que, además, se cree dueño absoluto de la verdad.

Este año de Maduro será recordado como uno de los períodos más nefastos para la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo. Sin papel no hay periódicos; pero con los periodistas en la mira, ni siquiera hay la posibilidad de soñar con informar.