• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Penas de vergüenza pública

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El defensor del pueblo reaccionó contra la medida, no faltaba más, pero apenas lo hizo a medias. Se refirió a las limitaciones del poder municipal y a la necesidad de la intervención del Ministerio Público y la autoridad judicial para ordenar penas contra los delincuentes, pero no atacó el fondo del problema. Tibia manera de reaccionar.

¿De qué se trata? Los alcaldes rojos rojitos de La Victoria y Puerto Cabello tomaron una decisión insólita para castigar a los llamados bachaqueros.

Después de ³arduas² labores de inteligencia en las cuales participaron ³patriotas cooperantes², capturaron a unos infelices que hacían su agosto con la reventa de comestibles y los pusieron a buen resguardo.

Pero, no contentos con el ³éxito² de la operación y con el auxilio de los soplones, resolvieron un castigo extra, una medida capaz de hacer historia en los procedimientos penales modernos.

Los alcaldes apelaron a una decisión capaz de ubicarlos en la cumbre de la humanidad doliente que busca regeneración. Ordenaron que se uniformara a los castigados con bragas anaranjadas en cuya parte trasera se lee la siguiente

inscripción: ³Soy bachaquero y estoy arrepentido². Así los presentaron ante la prensa y después anunciaron que serían obligados a barrer las calles de las ciudades o a oficios parecidos. Por eso aspiran al reconocimiento social los mentados alcaldes, por supuesto.

En el siglo XIX se ponía a los delincuentes de poca monta a hacer labores de aseo urbano, y luego Gómez ³perfeccionó² el método poniéndolos a construir carreteras. El avance del trato a los presidiarios desterró estos castigos, por considerarlos indignos de cualquier ser humano.

Sin embargo, la decisión de los alcaldes de La Victoria y Puerto Cabello no remonta a esas épocas ya superadas, sino a los tiempos oscuros de la Santa Inquisición. Para señalar sin posibilidad de vacilación a sus reos, quienes habían sido acusados por testigos que gozaban del respaldo del secreto absoluto, los inquisidores paseaban a los sentenciados por las calles de las ciudades con una vestimenta especial y con unos largos cucuruchos, para que los aterrados fieles los vieran y los condenaran a un pavoroso exilio interior.

Sambenito se denominó ese atuendo ignominioso, que después copió Hitler para la execración social y el posterior asesinato de los judíos. En el principio de los tiempos modernos a algunos los desnudaban en las plazas por orden inapelable del tribunal inquisitorial, señalando el pecado por el cual se les castigaba a pública vergüenza.

¡Penas de pública vergüenza! A ese extremo de inhumanidad y retroceso nos llevan unos alcaldes rojos rojitos que juran que le rinden un servicio de trascendencia a la sociedad con castigos tan monstruosos y anacrónicos.

A eso hemos llegado en materia de justicia, pero también a la penosa posición del defensor del pueblo que critica la decisión sin agarrar el toro por los cuernos. Por eso el defensor no merece un sambenito, desde luego, pero sí una crítica sin paliativos.