• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Parálisis

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Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela se ha querido persuadir a la nación de que no hay ni urgencia ni apremio en que el Presidente electo se juramente ante el Tribunal Supremo de Justicia, tal como lo pauta la Constitución y como lo exigen la realidad política y los intereses nacionales. Uno de los dirigentes lanzó la tesis de que el mandatario se juramentará cuando esté “bueno y sano”. La procuradora, por su parte, afirma que “el Gobierno no tiene prisa por juramentar al Presidente”. La doctora Flores razonó así la posición oficial: “El pueblo ha sabido esperar y sabrá esperar el tiempo necesario”. No son, evidentemente, razones jurídicas como serían las apropiadas para quien ejerce tal responsabilidad. “El pueblo sabrá esperar”, de modo que la responsabilidad de todo recaerá en el “pueblo” y no en quienes de manera bastante incomprensible eluden el problema y tratan de disimular las dimensiones de la crisis.

Quizás no sean los portavoces del PSUV ni la propia procuradora los indicados para trasmitir decisiones de tanta importancia. Desconocer que estamos frente a una crisis constitucional de vastas implicaciones contribuye a agravar el problema. Junto a la cuestión de la juramentación del Presidente y todo lo que ello significa, la otra gran crisis, la de la economía, la devaluación del bolívar, la escasez, la parálisis del aparato productivo, la falta de divisas, los conflictos sociales de Guayana, son cuestiones que apremian y que presionan a ese “pueblo que sabrá esperar”.

¿Qué sucede, en última instancia, y por qué no se toman las decisiones que la Constitución pauta con claridad? Aquí radica el meollo de la cuestión. Según algunas versiones, el Presidente electo está en condiciones de prestar juramento, con el traslado del TSJ al lugar donde se encuentre. Este simple acto legitimaría la situación y le daría al Gobierno lo que no tiene desde el 10 de enero. Se trata de cumplir con la primera obligación del Presidente electo, quien debía ratificar su tren ejecutivo, comenzando por el vicepresidente.

Nada justifica que un requisito tan simple y al propio tiempo tan trascendental no se lleve a cabo. Es extraño, y así debe señalarse, que los responsables directos de la toma de decisiones no solo no lo comprendan, sino que le dejen el campo abierto a quienes piensan que la juramentación es innecesaria y todo esto puede prolongarse indefinidamente.

¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debe condenarse a la nación a la incertidumbre? No parecen entender que cada minuto que se pierda es un minuto que se cuenta en la crisis general que va tomando cuerpo a lo largo y ancho del país. Presionados por una situación que nunca imaginaron, los jefes del Gobierno dan muestras de desconcierto, mientras algunos observadores llegan a la conclusión de que se trata, en efecto, de una crisis que comienza con ellos, y que ninguno está en condiciones de tomar las iniciativas conducentes. Esto explicaría la parálisis.