• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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La ONU, presos y cárceles

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En sus recientes sesiones del Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas, Venezuela quedó muy mal parada ante el mundo, después de doce años sin comparecer a esta instancia internacional a pesar de que está en la obligación de entregar informes cada cuatro años. No sabemos por qué el gobierno de Maduro decidió acudir ante el Comité de la ONU sólo para hacer el ridículo y poner la torta.

Los dos días de sesión dedicados a tratar la situación de Venezuela fueron de constantes críticas al gobierno bolivariano. Las detenciones arbitrarias de grupos de estudiantes y los maltratos que sufrieron, la falta de independencia del Poder Judicial y su inamovilidad, la detención de presos políticos como Leopoldo López, Daniel Ceballos y María Lourdes Afiuni, fueron objeto de una minuciosa revisión. Los representantes de la ONU quedaron escandalizados no sólo por lo hechos denunciados sino por el bajísimo nivel intelectual de los enviados oficiales.

En los casos de detenciones arbitrarias, la ONU había exigido al gobierno que fueran puestos de inmediato en libertad. Sin embargo, Maduro y su equipo gubernamental hizo caso omiso a este llamado constituyéndose de hecho y derecho en un Estado abiertamente forajido ante las decisiones y exigencias internacionales.

Sobre el particular, el experto Felice Gaer afirmó: “Estos presos han estado sujetos a ataques arbitrarios en medio de la noche. Estar detenido en solitario e incomunicado se considera maltrato”.

Uno de los temas tocados en el Comité de la ONU contra la Tortura fue la tragedia carcelaria. La relatora para Venezuela, Kening Zang, interrogó a la delegación venezolana y le solicitó que les indicara el número de detenidos, procesados y sentenciados. Los delegados oficialistas mantuvieron la boca cerrada.

 El presidente del Comité de la ONU contra la Tortura, el eminente abogado Claudio Grossman, decano de la Facultad de Derecho de American University Washington College of Law y titular de la Cátedra Raymond Geraldson en Derecho Internacional y Humanitario, interrogó a la delegación oficial sobre si era verdad que en Venezuela 60% de los reos permanecen bajo proceso y sin esperanzas de ser sentenciados. El silencio fue la respuesta. También el experto Alessio Bussi calificó de “tragedia” las condiciones de las prisiones venezolanas.

La impunidad de los funcionarios implicados en torturas fue el centro del examen hecho a Venezuela. A los integrantes del comité le costaba creer que entre 2003 y 2011 solamente 12 funcionarios bolivarianos habían sido juzgados por actos de tortura y apenas 127 por lesiones.

Definitivamente, Venezuela vive un gravísimo problema de tortura e irrespeto a los derechos humanos, aunado a la impunidad con que actúan los cuerpos policiales y los militares. La matanza de más de 40 estudiantes, la detención arbitraria de decenas de jóvenes y las torturas a que fueron sometidos constituyen un hecho histórico que marcará para siempre la gestión insípida pero cruel del señor Maduro.