• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Niños y adolescentes

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Entre el tropel de fantasiosas e incumplidas promesas que el presidente anterior iba improvisando a medida que avanzaba su megalomanía, y que sin solución de continuidad pasaban del saneamiento del Guaire al desarrollo de un eje agroindustrial Apure-Orinoco, recordamos su compromiso de acabar con los niños de la calle.

Han transcurrido algunos años desde esa extravagante oferta y, ciertamente, los niños de la calle –los que él conoció– se fueron acabando, bien por vía violenta a manos de sus pares o convertidos en pranes de algún establecimiento penitenciario. Les sucedieron otros que este régimen ha hecho más precoces y despiadados. El cacareado hombre nuevo no pasa de ser una ficción de quienes creen que el socialismo es proporcionar un techo sin que medie planificación alguna, o subsidiar con precarias asignaciones a seres desvalidos y disfuncionales.

Un crudo y revelador reportaje de El Nacional, “Ser delincuente antes que adulto”, firmado por Edgar López y publicado el domingo en Siete Días, da cuenta de la angustiante situación en que se encuentran los moradores de esas aglomeraciones bautizadas pomposamente como “ciudades socialistas”, las cuales conviven con barriadas al borde del colapso donde están dadas las condiciones para que el malandraje actúe a placer, sobre todo porque, en materia delictiva, la minoría de edad parece ser una ventaja competitiva.

Así pareciera desprenderse de los informes anuales del Ministerio Público que señalan un aumento significativo del número de adolescentes incursos en hechos delictivos y, lo más grave, el considerable incremento de los casos en que son exonerados de responsabilidad.
En el reportaje que comentamos se indica que un estudio del Centro de Investigaciones Jurídicas de la UCAB demuestra que el principal objetivo del sistema penal de responsabilidad del adolescente, cual es la reeducación del infractor, no se ha cumplido; en otras palabras: la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes es letra muerta en lo que respecta a la evaluación de la conducta de muchachos que, por diversas razones, se colocan al margen de la ley.

No se estudian esas razones y, por ello, no se definen políticas que permitan evitar la reincidencia de quienes quedan en libertad porque el juez, el fiscal o el abogado defensor se apegan únicamente a lo establecido por el estatuto legal sin solicitar, por ejemplo, el parecer de un psiquiatra o un psicólogo.

Si a ello sumamos la ausencia de controles que aseguren la comparecencia periódica de quienes gozan de beneficios alternos a la reclusión, el incumplimiento de los lapsos judiciales, la lenidad de las sanciones y el déficit de programas para la reinserción del individuo en el colectivo social, constatamos que estamos no sólo ante una un ordenamiento jurídico diseñado para garantizar la contumacia, sino también frente a otro estrepitoso fracaso de las políticas sociales rojitas.