• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Narcos a montón

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Venezuela se ha convertido en el tantas veces prometido “mar de la felicidad”, pero sólo para los narcotraficantes. Desde que Álvaro Uribe, cuando era presidente de Colombia, le metió mano dura y combatió a sangre y fuego a las guerrillas de las FARC y a sus socios del crimen organizado que cultivan, procesan drogas y las distribuyen por el mundo, estos criminales se han trasladado a suelo venezolano.

Los militares colombianos sí comprendieron a tiempo el peligro de un país penetrado por los agentes del narcotráfico, un hecho que comprometía seriamente la soberanía y su propia supervivencia como Estado. Mientras tanto, los comunistas de Colombia y Venezuela se enlodan al sostener en público que las guerrillas cumplen un papel revolucionario y construyen un futuro de libertad.

En Venezuela, el Gobierno a partir de la evasión de la Disip (actual Sebin) del traficante colombiano José María Corredor, en junio de 2005, asumió la política de deportar a los narcos que capture y estén solicitados internacionalmente. Así se evita cumplir con los rigurosos procesos de extradición en la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia.

Desde entonces hasta ahora, han expulsado del país a más de 82 personas, en su mayoría solicitadas por delitos de drogas. No todos son “capos”, como dice la propaganda oficial, aunque definitivamente se trata de sujetos (hombres y mujeres) indeseables para cualquier país. Por lo tanto, siempre es mejor tenerlos presos en otro lugar que en Venezuela, donde los riesgos de escape son enormes debido a la corrupción judicial y policial.

Esta línea, seguida por el Gobierno, es vendida internacionalmente como un “gran logro”. Desde luego, ningún país lo va desmentir pues el resultado termina siendo el mismo: presos en Estados Unidos y la DEA les da las gracias por debajo de la mesa. Sin embargo, es un reconocimiento tácito de la incapacidad de los poderes nacionales para tratar con criminales de alto perfil, como Daniel Barrera alias “el Loco”, Martín Llanos o Farid Feris.

El hecho de que hayan escogido a Venezuela para continuar sus negocios indica que el país tiene un atractivo especial para ellos: la posibilidad cierta de permanecer a buen resguardo, gracias a los dólares de la droga.

Que nadie se llame a engaño. La salida de estos criminales para nada remueve las estructuras que les permitían y permiten operar en Venezuela. La opacidad con la que actúan los policías y fiscales, así como la agencia antidroga ONA, indica que estamos ante algo muy podrido, que nadie se atreve a destapar.

Las deportaciones, siendo procedimientos administrativos, impiden a la sociedad conocer datos adicionales sobre las personas que son capturadas, y que sería posible ventilar durante los juicios de extradición. Es decir, a través de esta acción rápida el Gobierno se lava la cara frontera afuera pero, hacia adentro, mantiene en secreto su propia corrupción.