• Caracas (Venezuela)

Editorial

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Apenas 12 minutos le bastaron a Adolfo Suárez  para exponer ante sus compatriotas, el 29 de enero de 1981, los motivos de su renuncia  a la jefatura del gobierno español  que  ocupaba desde 1976, cuando el rey Juan Carlos le encargó que, como presidente de la Unión del Centro Democrático, formara el segundo gobierno de la transición entre la dictadura y la democracia.

“No quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España”, fue la frase con que resumió su decisión de dimitir ante la escalada de presiones que estaba poniendo en jaque a una incipiente legalidad en libertad, e ilustra la dimensión de su compromiso para romper con los atavismos autoritarios.

“Hay encrucijadas tanto en nuestra propia vida personal como en la historia de los pueblos en las que uno debe preguntarse, serena y objetivamente, si presta un mejor servicio a la colectividad permaneciendo en su puesto o renunciando a él”, dijo entre otras muchas cosas el dimitente cuya labor le fue reconocida, en 1996, con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Pero, al margen de los elogios y recompensas - sin duda merecidos - lo que nos interesa resaltar de su alocución es el reconocimiento de que su salida podía contribuir a que España no retrocediera en su empeño de modernización, democratización y europeización; un gallardo reconocimiento que le ennoblece y debería servir de lección a esos jefes de Estado que han alcanzado el poder de forma azarosa o circunstancial, sin tener las condiciones mínimas necesarias para ejercerlo con diligencia, y que arrastran a sus pueblos a situaciones límites como las que está atravesando Venezuela que la pone, a juicio del The Washington Post, al borde del colapso económico; un desolador panorama del que Maduro parece no tener noticias y si las tiene se hace el desentendido, apostando al peligroso juego de la crisis institucional.

Alinearse con el TSJ para conspirar contra el Poder Legislativo - y desconocer el claro mandato que a éste le otorgo el pueblo - no es precisamente una manera de buscar soluciones honorables a la peligrosa coyuntura en que nos ha colocado la obstinación roja. Y cuando hablamos de soluciones honorables, nos referimos a mecanismos pautados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De aquí en adelante, pues, la principal tarea de la nueva mayoría debe consistir en el diseño de una hoja de ruta para poner término al más corrupto e ineficiente de los regímenes que haya conocido Venezuela. Como decíamos ayer en este  espacio (¡Good Bye, Nicolás!), razón tiene el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, cuando afirma que “dejar concluir los tres años que le quedan de mandato al jefe del Estado, Nicolás Maduro, sería una irresponsabilidad”. También es una irresponsabilidad que el gobierno (que se escuda en el patriotismo emocional) no diga hasta aquí llegamos y finalice su gestión por voluntad propia, lo que sintonizaría con su prédica y le evitaría un mutis incierto y vergonzoso.