• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Multa suprema

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Nadie supo de la multa que le impuso el TSJ al presidente Chávez cuando afirmó que una de las decisiones de esa suprema instancia era como “una plasta”. Los magistrados guardaron silencio, sin ocuparse de reclamar el honor ofendido. No faltaron quienes entre ellos considerasen la expresión como una ocurrencia del comandante en jefe, sin que por eso nadie se rasgara las togas negras y coloradas de las ocasiones solemnes.

Pero nada de extraño tenía la tolerancia de los integrantes del alto tribunal si consideramos que, desde los inicios de la república, han corrido improperios contra los administradores de justicia que no han originado sanciones capaces de escandalizar a la sociedad. No hablamos de tiempos de dictadura, debido a que no existía la posibilidad de soliviantarse ante los jueces en la época de oscuras hegemonías cuya vocación era la persecución de la ciudadanía capaz de levantarse contra los mandones, así fuera en forma disimulada.

Pero a partir de 1830, cuando comienza la república liberal, no dejaron de ser frecuentes las críticas y aún las acusaciones más acerbas contra los reguladores del foro, sin que nadie pagara cárcel por el ejercicio del derecho de criticar.

No fueron extrañas las befas de la prensa contra las sentencias del Supremo, sin que nadie encontrara motivos para ordenar prisiones o pagos en metálico con el objeto de salvaguardar la reputación de los togados. Todo en tiempos de Páez y Soublette, hombres de espada y lanza cuyo pellejo podía ser delicado, pero que respetaban su compromiso con las instituciones que se había dado la sociedad.


A partir del reinado de los Monagas cambió la situación, hasta el punto de que nadie se atrevió a un mínimo reproche de la judicatura, hija o apéndice de los hermanitos que ejercían el poder, pero quedaba el ejemplo de ponderación que distinguió a las administraciones anteriores.

Después de la muerte de Gómez retornó un ambiente capaz depermitir las críticas sobre la administración de justicia, limitado durante la dictadura de Pérez Jiménez pero restablecido a partir de 1958 con el regreso de la democracia representativa, durante cuyo ejercicio sólo en los períodos de extrema violencia se cuidó con celo exagerado la parcela de la administración de justicia, aún con cárceles y amenazas capaces de promover exilios.

Sin embargo, derrotadas las guerrillas, ese tipo de sanciones formó parte del recuerdo.

Hoy, cuando nadie observa amenazas capaces de preocuparnos por la estabilidad del régimen, ¿se justifican sanciones y represalias como las que ha impuesto el TSJ al gobernador Henrique Capriles?, ¿hay motivos para que el honor de los magistrados, supuestamente mancillado por un ciudadano cuyos reproches están respaldados por la ley y las costumbres, sea superior a los valores más caros y antiguos de la república? Cuando uno trata de responder, se siente un tufo a monaguismo, a gomecismo y a perezjimenismo.